La Fiscalía solicita 72 años de prisión para un sacerdote acusado de drogar, grabar y agredir sexualmente a cuatro mujeres
El juicio contra Francisco C. V., sacerdote católico acusado de drogar, violar y grabar a cuatro mujeres entre 2016 y 2019, ha comenzado este lunes en la Audiencia de Málaga. La Fiscalía, en su escrito de acusación, detalla un patrón reiterado en los hechos y señala como responsable civil subsidiario al Obispado de Málaga, que habría ignorado las denuncias iniciales.
Acusaciones y modus operandi
Según la Fiscalía, el acusado, que ejercía como párroco en las localidades malagueñas de Ardales y Carratraca, y como vicario parroquial en Álora, se valía de su posición para ganarse la confianza de sus víctimas. Posteriormente, las conducía a un entorno seguro, las sedaba con sustancias químicas y, aprovechando su inconsciencia, cometía agresiones sexuales que quedaban registradas en vídeo.
El ministerio fiscal solicita un total de 72 años de cárcel, desglosados en cuatro delitos de abuso sexual con penetración (12 años por cada uno), cuatro delitos de lesiones (3 años por cada uno) y cuatro delitos de revelación de secretos (3 años por cada uno). Además, se aplican los agravantes de abuso de confianza y alevosía.
- Abuso sexual con penetración: 48 años (12 años por víctima)
- Lesiones: 12 años (3 años por víctima)
- Revelación de secretos: 12 años (3 años por víctima)
Indemnizaciones y responsabilidad del Obispado
La Fiscalía reclama una indemnización total de 1,2 millones de euros, es decir, 300.000 euros para cada víctima por los daños morales y las secuelas psíquicas sufridas. En caso de que el acusado no pueda hacer frente al pago, el Obispado de Málaga sería responsable civil subsidiario.
El escrito de acusación subraya que, tras recibir las primeras denuncias en las navidades de 2022, el Obispado no actuó para investigar los hechos y se limitó a trasladar al sacerdote a otras parroquias. El acusado fue detenido en septiembre de 2023 tras la intervención de la Policía Nacional.
Descubrimiento de las pruebas y reacción de las víctimas
El caso salió a la luz cuando R. T. R., entonces pareja sentimental del sacerdote, descubrió accidentalmente un disco duro externo en el domicilio parroquial de Melilla. Al revisar los archivos, encontró imágenes y vídeos explícitos donde aparecían las víctimas inconscientes y siendo agredidas. Tras intentar informar sin éxito al Obispado de Melilla y de Málaga, decidió acudir a la Policía Nacional y entregar una copia del material encontrado.
La denuncia formal se presentó el 24 de agosto de 2023, momento en el cual las víctimas supieron por primera vez lo ocurrido. El sacerdote fue detenido poco después y permanece en prisión preventiva desde el 12 de septiembre de 2023. Las víctimas han declarado a puerta cerrada para preservar su intimidad.
Respuesta de la Iglesia y procedimiento canónico
El actual obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha pedido públicamente perdón en nombre de la Iglesia y ha manifestado su disposición a colaborar en la reparación de los daños económicos. Sin embargo, la representación legal del Obispado sostiene que la Iglesia no debería ser considerada responsable civil subsidiaria. Paralelamente, se ha iniciado un procedimiento canónico contra el acusado, que permanece suspendido hasta la resolución judicial y sin posibilidad de ejercer funciones sacerdotales.
El obispo Satué también ha expresado su voluntad de reunirse tanto con las víctimas como con el acusado para escuchar sus testimonios y explicar la postura de la Iglesia, aunque hasta la fecha dicho encuentro no se ha producido.
Detalles de los hechos según la Fiscalía
El escrito de la Fiscalía describe que el sacerdote utilizaba su posición para generar vínculos de confianza con las víctimas, a menudo en contextos de búsqueda de apoyo espiritual o emocional. Una vez ganada esa cercanía, aprovechaba situaciones cotidianas o de viaje para drogarlas, habitualmente con sustancias como éxtasis líquido, privándolas de cualquier capacidad de defensa.
Entre las pruebas figuran grabaciones fechadas en 2016 y 2017, realizadas en propiedades del Obispado, donde se observa a las víctimas en estado de total inconsciencia y siendo sometidas a diversas agresiones sexuales. La Fiscalía recalca que en ningún momento las víctimas fueron conscientes ni consintieron los hechos.
- El sacerdote suministraba la sustancia sin que la víctima lo advirtiera.
- Aprovechaba la inconsciencia para realizar agresiones sexuales y grabarlas.
- La relación de confianza se forjaba en el entorno parroquial, aprovechando la vulnerabilidad emocional de las víctimas.
Desarrollo del juicio
El proceso judicial continúa, con la declaración prevista del acusado y nuevas sesiones a lo largo de la semana. El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas en la gestión y prevención de casos de abuso, así como la necesidad de mejorar los protocolos de actuación ante denuncias de este tipo.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
