Bolivia pide ayuda a España y Perú para investigar a Zapatero y sus vínculos con el Grupo Gloria

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La Fiscalía de Bolivia solicita información a España y Perú en la investigación sobre Zapatero y el Grupo Gloria

El Ministerio Público de Bolivia ha iniciado un proceso de cooperación jurídica internacional solicitando información a España y Perú en el marco de la investigación que involucra al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La causa investiga la presunta intervención de Zapatero en favor de la empresa peruana Grupo Gloria, a cambio de una compensación económica de 200.000 euros.

Solicitud de cooperación internacional

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó en rueda de prensa que la Fiscalía ha remitido a la Cancillería dos solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia penal, dirigidas específicamente a las autoridades de España y Perú. El objetivo es recabar documentación relevante sobre la participación de Rodríguez Zapatero y obtener información detallada sobre las actividades del Grupo Gloria en el país andino.

Según Mariaca, la información solicitada a España se centra en la obtención de documentación relacionada con el exmandatario español, mientras que a Perú se le requiere información específica sobre el Grupo Gloria. Los resultados de estas gestiones serán comunicados públicamente cuando las autoridades bolivianas reciban las respuestas oficiales.

Contexto de la investigación

La petición de cooperación internacional es paralela a la investigación penal que la Fiscalía Departamental de Chuquisaca abrió recientemente. Esta indagatoria tiene como objetivo determinar si existió uso indebido de influencias y otros posibles delitos en el proceso de intermediación a favor del Grupo Gloria.

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El caso tomó relevancia a finales de junio, tras la publicación de un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España. El documento señala que Rodríguez Zapatero habría ejercido un papel de intermediario con autoridades bolivianas entre los años 2020 y 2025, con la finalidad de favorecer los intereses del Grupo Gloria, presuntamente a cambio de 200.000 euros.

En el informe de la UDEF también se mencionan figuras destacadas del Gobierno boliviano durante el periodo 2020-2025, incluyendo al expresidente Luis Arce y varios de sus ministros.

El conflicto empresarial en el sector cementero

La investigación se enmarca en una disputa legal de larga data entre la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y la estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa). El conflicto, que se remonta a 2010, gira en torno a la tenencia de acciones que permitirían a Soboce expandir sus operaciones regionales, hecho que Fancesa consideró como un caso de competencia desleal.

Desde 2014, el Grupo Gloria, actual accionista mayoritario de Soboce, se involucró en el litigio al reclamar una compensación por la reversión de las acciones y mantiene procesos judiciales contra el Estado boliviano. En 2025, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó una sentencia que obliga a Soboce a indemnizar a Fancesa con más de 74,4 millones de dólares.

Admisión del pago y defensa de Grupo Gloria

En días recientes, el Grupo Gloria reconoció haber realizado un pago de 200.000 euros a Rodríguez Zapatero para que actuara como intermediario ante las autoridades bolivianas en relación a la indemnización reclamada por Soboce. La empresa peruana defendió la legalidad de dicha contratación y negó que tuviera como propósito interferir en la justicia boliviana o incurrir en prácticas ilícitas.

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  • La Fiscalía boliviana aguarda las respuestas de España y Perú para avanzar en la investigación.
  • El caso continúa generando repercusiones políticas y empresariales en Bolivia y la región.
  • Se espera que la información recabada aporte claridad sobre la actuación de los involucrados y el posible uso indebido de influencias.

La evolución de este caso será clave para determinar si existieron irregularidades en el proceso de intermediación y para esclarecer el rol de figuras políticas y empresariales en uno de los principales conflictos del sector cementero boliviano.

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