La Fiscalía retira la acusación contra la cúpula de la sanidad catalana por el retraso en la vacunación de Policía y Guardia Civil
La Fiscalía ha retirado este lunes la acusación contra la exconsellera de Salud de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, y otros altos cargos de su departamento, quienes enfrentaban una solicitud inicial de doce años de inhabilitación por presunta prevaricación. El proceso judicial giraba en torno al retraso en la vacunación contra la covid-19 de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña durante la emergencia sanitaria.
Desistimiento de la Fiscalía
Durante la sesión celebrada en la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía comunicó la retirada de todos los cargos contra Alba Vergés (ERC), así como contra Marc Ramentol, exsecretario general de Salud; Josep Maria Argimon, secretario de Salud Pública durante la pandemia; y Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut (SCS) en aquel periodo. La acusación inicial se sustentaba en supuestos delitos de prevaricación por el retraso en la administración de vacunas a los cuerpos policiales estatales.
La decisión de la Fiscalía se produjo sin ofrecimiento de explicaciones adicionales durante la fase de conclusiones del juicio, que se había iniciado el pasado 30 de junio. Por su parte, las defensas de los acusados solicitaron que los sindicatos policiales que ejercieron la acusación particular asumieran las costas del proceso.
Las acusaciones particulares mantienen su postura
A pesar de la retirada de la acusación pública, tanto el sindicato policial Jupol como la asociación de la Guardia Civil Jucil decidieron mantener su petición de quince años de inhabilitación para los acusados. Estas organizaciones incluyeron en su demanda a Francesc Xavier Rodríguez, entonces responsable de Servicios del departamento de Salud.
Negación de discriminación y justificaciones técnicas
Durante el juicio, Alba Vergés y el resto de los altos cargos defendieron que en ningún momento discriminaron a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil en el proceso de vacunación. Argumentaron que los retrasos obedecieron a dificultades con el censo de agentes y a la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca, motivada por instrucciones del Ministerio de Salud tras notificarse efectos secundarios.
Vergés subrayó que “nunca” ordenó detener la vacunación de los agentes y que siempre actuó siguiendo las directrices del Consejo Interterritorial de Salud, priorizando la inmunización por criterios de edad y criterios de grupos esenciales. “Nuestra intención era vacunar a todos, tanto a los agentes como al resto de colectivos esenciales”, puntualizó la exconsellera.
Contexto de la campaña de vacunación
La campaña de vacunación se vio afectada especialmente entre el 15 y el 24 de marzo de 2021, cuando la administración de la vacuna de AstraZeneca fue suspendida temporalmente por decisión gubernamental. Tras su reanudación, se priorizó la vacunación de personas de entre 60 y 65 años por la escasez de dosis, aunque continuaron los esfuerzos por inmunizar a los colectivos esenciales, incluidos los miembros de los cuerpos de seguridad.
Josep Maria Argimon defendió ante el tribunal que la decisión de priorizar por franjas de edad fue adecuada tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico y ético. Además, explicó que la inmunización de los agentes estuvo condicionada por la petición de ambos cuerpos de recibir las dosis en sus propias comisarías, así como por el retraso en la recepción de los censos necesarios para la organización logística.
Colaboración reconocida entre administraciones
Durante el proceso judicial, los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil encargados de la coordinación de la vacunación en Cataluña testificaron que la relación con la Generalitat fue “fluida” y que existió una clara voluntad de colaboración para resolver los problemas que surgieron. En este sentido, la Policía Nacional llegó a condecorar a Francesc Xavier Rodríguez por su papel como enlace durante la campaña de inmunización.
Situación actual del caso
Tras la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía, el futuro del proceso judicial dependerá ahora de la resolución de las acusaciones particulares. Sin embargo, la decisión supone un giro relevante en un caso que, durante meses, ha sido motivo de debate sobre la gestión de la vacunación en la etapa más crítica de la pandemia.
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