El juicio por delito fiscal al novio de Ayuso sigue sin fecha tras diez meses de espera
El proceso judicial contra Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal, continúa sin una fecha definida para la celebración del juicio. Cuando se cumplen diez meses desde que se abrió el juicio oral, todo apunta a que la vista no tendrá lugar antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2027, lo que minimiza el impacto político inmediato para Ayuso y su entorno.
Retrasos en los juzgados y beneficio para la defensa
El Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid, encargado de juzgar a González Amador, ha advertido recientemente que la fecha del juicio dependerá de la sobrecarga de asuntos y de la disponibilidad en la agenda judicial. Así lo ha señalado la letrada de la Administración de Justicia responsable del juzgado, que es quien debe agendar los procedimientos.
La acumulación de casos en los juzgados de lo Penal de Madrid hacía prever que el juicio no se celebraría antes de 2027. Esta dilación beneficia a González Amador y a la presidenta madrileña, ya que una posible condena quedaría fuera del calendario electoral de mayo del próximo año.
La acusación y las posibles alternativas
El empresario y otras cuatro personas se enfrentan a cargos de fraude fiscal y falsificación documental por el uso de 15 facturas falsas, en un caso que investiga un presunto fraude a la Hacienda Pública por un importe de 350.951 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
El fiscal y la Abogacía del Estado han solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para González Amador. Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Más Madrid han elevado la petición a cinco años de cárcel, argumentando la existencia de un delito continuado y la pertenencia a grupo criminal.
Cabe destacar que, al tratarse de una cantidad presuntamente defraudada inferior a 600.000 euros, el caso corresponde a un juzgado de lo Penal, con un solo juez a cargo del proceso. En casos de mayor cuantía, serían competencia de la Audiencia Provincial y de un tribunal colegiado.
Existe la posibilidad de que el empresario pacte con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar la celebración del juicio oral. Así lo ha recordado la magistrada titular del Juzgado de lo Penal 19, Lourdes Platero, quien ha instado a la defensa a activar el protocolo de conformidad si desean alcanzar un acuerdo y dictar sentencia de conformidad, con el objetivo de evitar la comparecencia innecesaria de testigos o peritos.
Investigaciones paralelas y nuevas revelaciones
El caso de González Amador ha estado marcado por diversos cambios en la titularidad judicial y por la apertura de una pieza separada que investiga un presunto soborno a un directivo del Grupo Quirón, relacionado con la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia.
Las sospechas sobre el enriquecimiento de González Amador surgieron tras el inicio de su relación con Isabel Díaz Ayuso y la obtención de importantes adjudicaciones públicas por parte de la empresa Quirón. Se investiga una posible comisión de medio millón de euros pagada por el empresario a un directivo de Quirón como contraprestación por favorecer la adjudicación de contratos.
- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó acceso a las cuentas bancarias del empresario, solicitud que fue autorizada el 11 de junio.
- Se autorizó el acceso a 17 cuentas bancarias a nombre de González Amador, aunque se denegó investigar su patrimonio societario y los datos de la Tesorería de la Seguridad Social.
- La Agencia Tributaria ha certificado que, entre 2021 y 2023, González Amador percibió 4,4 millones de euros de Quirón Prevención a través de sus empresas Maxwell y Masterman por supuestos servicios de consultoría, sobre los que existen indicios de simulación.
Contexto judicial y político
La Audiencia Provincial de Madrid ratificó en noviembre de 2025 el procesamiento de González Amador, desestimando su recurso de apelación. El proceso, iniciado en marzo de 2024, ha estado acompañado de controversias, como la publicación de una nota de prensa por parte de la Fiscalía General del Estado desmintiendo rumores sobre supuestos pactos, lo que generó tensiones internas en el Ministerio Público.
La investigación ha sufrido retrasos por la jubilación de jueces instructores y la reasignación de casos, lo que ha contribuido a la demora en la fijación de la fecha del juicio.
Perspectivas
A día de hoy, la celebración del juicio parece lejos de concretarse, y todo apunta a que González Amador no se sentará en el banquillo antes de los próximos comicios autonómicos. Esta situación reduce la posibilidad de que una eventual sentencia condenatoria tenga repercusiones directas en el panorama político madrileño.
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