El Gobierno enfrenta cinco días clave para lograr un acuerdo sobre el decreto de vivienda
El Gobierno de coalición se enfrenta a una semana decisiva para alcanzar un consenso con sus socios parlamentarios respecto al nuevo decreto de vivienda, una normativa que pretende ser aprobada en el próximo Consejo de Ministros. A pesar del acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar, el Ejecutivo debe ahora asegurar el respaldo del resto del bloque de investidura, en un contexto marcado por visiones opuestas sobre la reforma de la ley del suelo y otras medidas incluidas en el paquete legislativo.
Un acuerdo interno, pero no suficiente
Tras intensas negociaciones, los partidos que integran el Gobierno —PSOE y Sumar— han pactado una serie de medidas que conforman el denominado macro decreto de vivienda. Sumar, especialmente, ha conseguido incluir en el texto una prórroga «reforzada» de los contratos de alquiler, que permitirá a los inquilinos cuyos acuerdos vencen hasta el 30 de junio de 2028 solicitar la extensión. Según fuentes de Sumar, esta medida beneficiará a cerca de cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares entre marzo de 2026 y junio de 2028.
Sin embargo, aunque el acuerdo dentro del Ejecutivo ha sido relativamente sencillo, el verdadero reto radica en reunir los apoyos parlamentarios necesarios para asegurar la convalidación del decreto en el Congreso. El objetivo es que el texto llegue al Consejo de Ministros con un respaldo transversal que garantice su viabilidad legislativa.
El debate en torno a la ley del suelo
Uno de los principales puntos de fricción es la reforma de la ley del suelo. Podemos ha manifestado su rechazo frontal a las modificaciones propuestas en el decreto, considerándolas una «línea roja». La formación solicita la eliminación de los artículos que afectan a la legislación vigente sobre suelo y rehabilitación urbana, advirtiendo que los cambios propuestos podrían legalizar desarrollos urbanísticos previamente irregulares y limitar la capacidad de la sociedad civil para denunciar irregularidades.
Además, Podemos denuncia la posible eliminación del derecho de reversión sobre terrenos expropiados, lo que impediría a antiguos propietarios recuperar sus bienes si estos no se destinan finalmente al uso público previsto. Desde la formación se acusa al Gobierno de estar cediendo a intereses de grandes entidades financieras y constructoras en operaciones urbanísticas concretas.
Exigencias y posiciones de otros socios parlamentarios
El PNV, otro actor clave en la negociación, ha hecho pública su petición para reforzar la seguridad jurídica y agilizar los procedimientos urbanísticos, una demanda compartida por diversos ayuntamientos y justificada por la necesidad de dinamizar la construcción de vivienda. Esta postura contrasta con la de los partidos de izquierda, como ERC y EH Bildu, que mantienen reservas sobre aspectos fiscales y de protección social.
- Junts reclama deducciones fiscales para propietarios en el IRPF.
- ERC y EH Bildu apoyan medidas para regular el alquiler de temporada y habitaciones, así como el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos.
- Podemos exige la protección de personas vulnerables frente a desahucios y se opone a la reforma de la ley del suelo.
Medidas incluidas en el borrador del decreto
Entre las propuestas recogidas en el borrador inicial, además de la prórroga de alquileres, destacan la protección frente a desahucios para personas en situación de vulnerabilidad y medidas fiscales específicas solicitadas por diferentes grupos. El texto contempla también la posibilidad de que los ayuntamientos modifiquen la fiscalidad de las viviendas vacías y la regulación más estricta de los pisos turísticos.
Desde el PSOE, las fuentes consultadas insisten en la importancia de mantener la «discreción» durante las negociaciones para facilitar los acuerdos. El partido asegura que el decreto incluirá propuestas apoyadas por diversas fuerzas durante la legislatura, con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados.
Las críticas persisten
A pesar de los avances, las críticas no han dejado de surgir. ERC, por ejemplo, valora las nuevas medidas pero considera que no abordan el problema de fondo: la especulación inmobiliaria. Su portavoz, Gabriel Rufián, subraya la necesidad de intervenir el mercado para frenar la acumulación de vivienda y advierte que, mientras no se adopten acciones más contundentes, lo acordado serán «parches».
Próximos pasos
El calendario es ajustado. El Gobierno dispone de apenas cinco días para lograr un acuerdo que contente a todos los socios de investidura antes de la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros, previsto para el martes 28 de julio. Ese mismo día, el presidente Pedro Sánchez realizará su balance de fin de curso político, lo que incrementa la presión para presentar un acuerdo sólido y transversal.
El éxito de esta negociación será determinante para el futuro de la política de vivienda en España y, en buena medida, para la estabilidad del Gobierno de coalición en el tramo final de la legislatura.
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