PSOE, PP y PNV avalan reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa clave para reforzar la protección jurídica de los trabajadores penitenciarios en España. Con el respaldo de los principales partidos, PSOE, PP y PNV, se ha dado luz verde a la reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979, que contempla el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.
Un respaldo político amplio
El acuerdo se alcanzó en el seno de la Comisión de Interior, encargada de analizar la propuesta presentada por el PSOE. El texto de la reforma, tras recibir este primer visto bueno, deberá ser ratificado para iniciar su tramitación oficial en el Parlamento.
La portavoz del Partido Popular en la Comisión, Ana Vázquez, celebró en redes sociales la aprobación de una enmienda consensuada entre PNV, PSOE y PP. Vázquez destacó la importancia de no dejar a ningún trabajador penitenciario al margen de esta protección, subrayando que para su formación era una “línea roja” en la negociación.
Avances en seguridad y condiciones laborales
El sindicato CSIF, que representa a los funcionarios de prisiones, ha calificado el acuerdo como una “victoria” para el colectivo. Desde la organización sindical se insiste en que este reconocimiento era una reivindicación histórica y que supondrá importantes avances en materia de seguridad y protección durante el desempeño de sus funciones.
Además, CSIF ha advertido que estará atento al proceso para que la Comisión de Interior ratifique cuanto antes el acuerdo y la reforma pueda comenzar su recorrido parlamentario sin demoras.
Consecuencias de la reforma
- Incremento de las indemnizaciones por daños personales o materiales sufridos por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
- Otorgamiento de la presunción de veracidad a los testimonios de los funcionarios de prisiones, reforzando su protección jurídica ante posibles agresiones o denuncias.
La reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria responde así a una demanda de los trabajadores del sistema penitenciario, que buscan equiparar su estatus jurídico al de otros cuerpos de seguridad en España. El proceso legislativo continuará en las próximas semanas, a la espera de la ratificación definitiva por parte del Congreso.
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