Procesan a la alcaldesa de Alcalá de Henares por presunta filtración de denuncias vinculando inmigración y agresiones sexuales
El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha propuesto juzgar a Judith Piquet, alcaldesa de la localidad madrileña, por supuestos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. La causa se enmarca en la investigación sobre la filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que fueron asociadas públicamente a migrantes.
Investigación judicial y acusaciones
La resolución judicial acuerda continuar con la tramitación de las diligencias previas mediante procedimiento abreviado, con el objetivo de esclarecer si los hechos pueden ser constitutivos de delito. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) participa en el proceso como acusación popular, dada la repercusión política y social del caso.
El origen de la controversia se remonta a enero de 2024, cuando Judith Piquet, en varias intervenciones públicas, afirmó que existían dos denuncias por agresión sexual en las que se describía al presunto responsable como «un varón negro y joven», sin que se hubiera identificado al autor.
Contexto político y social
Las declaraciones de la alcaldesa coincidieron con la visita de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a Alcalá de Henares para celebrar un Consejo de Gobierno tras una serie de altercados protagonizados por migrantes alojados en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera.
En la rueda de prensa posterior, Ayuso aseguró que en el cuartel donde residen los migrantes se habían registrado «varias reyertas graves» y denunció la existencia de «agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio». Estas afirmaciones contribuyeron a la alarma social y a la vinculación de los incidentes con la población migrante.
Filtración del informe policial
Según la investigación, entre las 17:00 horas del 17 de enero y las 09:58 del día siguiente, Judith Piquet remitió una fotografía de un informe policial a Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid. Posteriormente, Serrano difundió la imagen en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter), generando una notable repercusión mediática.
El auto judicial subraya que, de manera indiciaria, los hechos podrían encuadrarse en los delitos investigados, aunque la instrucción continúa su curso y deberán practicarse nuevas diligencias para determinar responsabilidades.
Reacciones políticas
Javier Rodríguez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha calificado el caso como «una auténtica vergüenza». Rodríguez ha reclamado la dimisión de la alcaldesa y ha exigido explicaciones a Alfonso Serrano por lo que considera «un bulo cruel» lanzado hace dos años. Además, ha acusado al Partido Popular de instrumentalizar la filtración para apoyar políticamente a la presidenta regional.
- El caso continúa en fase de instrucción judicial y podría derivar en un juicio oral.
- El PSOE se mantiene como acusación popular y exige responsabilidades políticas.
- El uso de documentos policiales filtrados para alimentar el debate sobre inmigración y seguridad ciudadana ha generado una fuerte polémica en la región.
Implicaciones sociales y políticas
La filtración y posterior difusión del informe policial han reavivado el debate sobre la gestión de la información sensible en las instituciones públicas y el uso político de cuestiones relacionadas con la inmigración y la seguridad. El proceso judicial determinará las posibles responsabilidades penales y administrativas de los implicados.
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