Nicaragua aprueba reforma constitucional que excluye a opositores de las elecciones y amplía el mandato presidencial
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha dado un paso significativo en la política interna del país al aprobar, en primera legislatura, una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores catalogados como «traidores a la patria» en cargos de elección popular. Además, la medida extiende el mandato presidencial y de otros altos cargos a siete años.
Restricciones para los llamados «traidores a la patria»
La reforma, impulsada por el oficialismo y aprobada por unanimidad en una sesión especial realizada en la ciudad de León, modifica el artículo 47 de la Constitución. Según el nuevo texto, quedan excluidas de candidaturas y de ocupar cargos públicos todas aquellas personas consideradas «traidores a la patria». El término ha sido empleado por el Gobierno de Daniel Ortega para referirse a al menos 452 opositores y críticos, muchos de los cuales han sido despojados de su nacionalidad nicaragüense, incluyendo figuras como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
El veto se extiende a cualquier persona que haya ejercido liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier vínculo con intentos de golpe de Estado, consumados o no. Asimismo, afecta a quienes sean señalados de menoscabar la soberanía, la independencia o la autodeterminación de Nicaragua, de solicitar o promover injerencia extranjera, o de respaldar sanciones económicas contra el Estado.
- Exclusión de quienes apoyen bloqueos económicos, comerciales o financieros contra Nicaragua.
- Prohibición para quienes reciban financiamiento extranjero para actividades políticas.
- Imposibilidad de integrar juntas directivas de partidos u organizaciones políticas para quienes incurran en estas conductas.
Ampliación del mandato presidencial y de altos cargos
La reforma constitucional también amplía de forma significativa la duración de los mandatos para cargos de elección popular. El nuevo período será de siete años y afectará no solo a la presidencia y copresidencia del país, sino también a diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, al fiscal general, al superintendente de bancos, y a los jefes del Ejército y la Policía Nacional.
Para que la reforma entre en vigor, debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas. La próxima sesión legislativa se llevará a cabo entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027.
Contexto político: concentración de poder
Daniel Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, ostenta el poder en Nicaragua desde 2007, tras un acuerdo político con el expresidente Arnoldo Alemán que permitió modificar la Constitución y facilitar su reelección con apenas el 35% de los votos. Ortega ya había presidido el país entre 1985 y 1990, y posteriormente regresó al poder tras la reforma electoral.
Desde 2017, Ortega comparte la jefatura de Estado con su esposa, Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de copresidenta tras otra reforma constitucional aprobada en 2025. Con esta nueva enmienda, el oficialismo profundiza el control sobre el aparato estatal y limita severamente la participación de la oposición.
Implicaciones electorales
La aprobación de esta reforma se produce después de que Ortega declarara públicamente que «no volverá a haber elecciones» en Nicaragua. Originalmente, las próximas elecciones generales estaban previstas para noviembre de 2026, pero con la extensión del periodo presidencial, se trasladarían a noviembre de 2027.
La medida ha generado preocupación entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes advierten que la reforma consolida la exclusión política de los opositores y refuerza la permanencia del actual Gobierno en el poder.
Nota:
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