Meta niega haber buscado generar adicción en menores en Facebook e Instagram
Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, enfrenta actualmente el mayor desafío legal de su historia, tras ser acusada por 29 estados estadounidenses de fomentar la adicción entre niños y adolescentes y de manejar de manera indebida datos personales de menores en sus plataformas.
Un juicio histórico en Oakland
El proceso judicial, que se lleva a cabo en el Tribunal Federal de Oakland, California, representa un momento crucial para la industria tecnológica. Los estados demandantes sostienen que Meta diseñó deliberadamente características en sus aplicaciones para “enganchar” a los usuarios jóvenes, lo que podría propiciar comportamientos adictivos y provocar daños emocionales y físicos en este grupo de población, llegando incluso a consecuencias fatales en los casos más extremos.
Además de las acusaciones por fomentar la adicción, la compañía se enfrenta a señalamientos de haber violado la ley federal al recopilar y emplear de forma indebida información personal de menores de edad.
Defensa de Meta: Desacuerdo total y medidas de protección
Durante la primera jornada del juicio, el abogado de Meta, Paul Schmidt, rechazó rotundamente las acusaciones y pidió al jurado mantener una postura imparcial. Schmidt defendió los esfuerzos que, según la empresa, se han realizado para proteger a los adolescentes. Citó una encuesta interna que señala que el 20% de los jóvenes reportan sentirse peor al usar Instagram, y aseguró que la compañía trabaja activamente para mejorar el bienestar de estos usuarios.
El representante legal también resaltó los mecanismos implementados para impedir el acceso de menores de 13 años a las plataformas. En los últimos tres meses, Meta eliminó cerca de 600.000 cuentas asociadas a usuarios que no cumplían con los requisitos de edad.
Acusaciones de ocultamiento y priorización de beneficios
Por su parte, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, encabezó la postura de los estados demandantes, acusando a Meta de «ocultar la verdad» y priorizar beneficios económicos por encima de la seguridad de los menores. O’Neill afirmó que, ante la disyuntiva entre proteger a los niños o resguardar las ganancias, la empresa optó reiteradamente por la segunda opción.
Durante la audiencia, Arturo Bejar, ex empleado de Meta, testificó que advirtió a altos cargos de la compañía sobre los daños derivados de ciertas funciones de Instagram, subrayando que estos problemas podían haberse evitado.
Demandantes buscan cambios estructurales
El juicio ha contado con la asistencia de varios fiscales generales estatales, como Rob Bonta (California), Phil Weiser (Colorado) y Jennifer Davenport (Nueva Jersey), quienes han intensificado la presión mediática sobre Meta. En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, Bonta explicó que el objetivo es modificar las prácticas empresariales de la tecnológica, exigiendo mayor transparencia y cambios en las funciones de las plataformas que, según los demandantes, propician comportamientos obsesivos y compulsivos.
Si el caso prospera, Meta podría ser obligada a realizar pagos por concepto de sanciones civiles, devolución de beneficios obtenidos indebidamente y restitución a las víctimas, aunque por el momento no se han dado estimaciones sobre el monto potencial.
Un proceso que involucra a otras tecnológicas
Los fiscales han recordado que este litigio forma parte de una ofensiva legal más amplia contra otras plataformas digitales populares entre menores, como Google, TikTok y Snap, en un esfuerzo por establecer precedentes y regular el impacto de las redes sociales en la infancia y la adolescencia.
Próximos pasos en el juicio
Se espera que el proceso judicial se extienda entre cuatro y seis semanas. Entre los testigos convocados podrían figurar figuras clave como Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram. La compañía también tuvo que encarar la presencia de padres de menores afectados, quienes protestaron a las afueras del tribunal en el inicio del juicio.
- Meta defiende su compromiso con la protección de los menores y rechaza las acusaciones de fomentar adicción.
- Los estados demandantes buscan cambios estructurales y sanciones económicas.
- El juicio marca un precedente en la regulación de plataformas digitales y el bienestar de los menores de edad.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
