La UCO solicita el bloqueo urgente de cuentas bancarias vinculadas a Aldama en Portugal
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez que emita una orden europea de investigación dirigida a las autoridades portuguesas para proceder al «bloqueo inmediato» de varias cuentas bancarias relacionadas con el comisionista Víctor de Aldama. Esta petición se enmarca en la investigación de un presunto fraude de, al menos, 182,5 millones de euros en el sector de hidrocarburos.
Investigación internacional por blanqueo de capitales
Según el informe presentado ante la Audiencia Nacional, los agentes centran su atención en una compleja estructura internacional de lavado de dinero. En esta red estarían implicados, además de Aldama, su socio Claudio Rivas y la empresa Villafuel. El caso ya llevó a Víctor de Aldama a prisión preventiva durante poco más de un mes. Posteriormente, fue juzgado junto al exministro José Luis Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas, recibiendo por su colaboración una condena de cuatro años y medio de prisión, actualmente en suspenso.
El juez Santiago Pedraz ya había solicitado en 2024 el bloqueo de los fondos en Portugal, pero las autoridades lusas no confirmaron la ejecución de la medida. Por este motivo, la UCO insiste en la necesidad de reiterar la solicitud, esta vez sobre cuentas de 14 empresas, entre las que se encuentran tres gestionadas por Aldama y dos por su socio.
Compleja red de transferencias
El informe de la UCO detalla una intrincada red de movimientos bancarios y sociedades, mediante la cual se habrían transferido presuntamente 78,3 millones de euros desde cuentas españolas asociadas a Villafuel y otras proveedoras hacia entidades portuguesas. Gracias a la información facilitada por las autoridades de Portugal, se ha logrado identificar la entrada de 56.525.664,74 euros.
Sin embargo, aún falta información sobre la salida de más de 14 millones de euros desde una cuenta a nombre de una empresa vinculada al administrador de Villafuel, lo que dificulta el seguimiento completo de los fondos.
Colaboración y nuevas líneas de investigación
La UCO subraya la importancia de avanzar en la trazabilidad y conocer el destino final de los fondos, los cuales podrían haber retornado a España tras pasar por cuentas en Portugal. Además, solicita al juez la emisión de comisiones rogatorias para investigar posibles conversiones de capital en criptomonedas.
- Información sobre procedimientos judiciales abiertos en Portugal.
- Datos de empresas asociadas a la trama.
- Detalles de cuentas y transferencias no identificadas, especialmente en la cuenta portuguesa de Villafuel.
Por su parte, fuentes de la defensa de Villafuel han asegurado que la compañía facilitará toda la documentación necesaria para esclarecer el recorrido del dinero en sus cuentas portuguesas.
Rastreo internacional del dinero
La investigación de la UCO no se detiene en Portugal. También ha pedido al juez que extienda la orden europea de investigación a Irlanda, para seguir el rastro de 213.663 euros transferidos desde la empresa portuguesa Letras e Contrastes LDA a Kraken, una compañía de intercambio de criptomonedas irlandesa.
Asimismo, se ha detectado la salida de medio millón de euros desde Dialogo Erudito Unipessoal LDA, otra empresa portuguesa investigada, hacia una sociedad con sede en Hong Kong, China.
Según los investigadores, el propósito de esta operativa sería deslocalizar los fondos fraudulentos, dificultando así el seguimiento del dinero y su posible recuperación. El mecanismo consistía en transferir los fondos desde empresas españolas proveedoras a sociedades interpuestas en Portugal, para posteriormente desviarlos a empresas radicadas en China.
Implicación de la Fiscalía Europea
En paralelo, la Fiscalía Europea ha señalado a Aldama y a otros empresarios por el presunto desvío de 27,9 millones de euros a cuentas en Portugal, con el objetivo de blanquear beneficios ilícitos generados en el sector de hidrocarburos en España.
La investigación continúa abierta y la UCO insiste en la necesidad de cooperación internacional para frenar el movimiento de fondos y esclarecer el destino final del dinero presuntamente defraudado.
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