La ley antiokupas del PP avanza en el Congreso gracias a la abstención de PNV y Junts
La proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) para combatir la ocupación ilegal de viviendas ha superado su primera votación en el Pleno del Congreso de los Diputados. El texto, que contempla desalojos en un plazo de 24 horas, endurecimiento de penas y la prohibición de empadronamiento para personas ocupantes, ha salido adelante con el apoyo de Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), y la abstención de Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
La iniciativa ha encontrado una fuerte oposición por parte del Gobierno de coalición, integrado por PSOE y Sumar, así como de sus socios parlamentarios de la izquierda. Estos grupos han acusado al PP de exagerar la magnitud del problema y de legislar en beneficio de bancos, grandes tenedores y fondos de inversión.
Debate parlamentario y posiciones de los partidos
Durante la sesión, el diputado Sergio Sayas defendió la propuesta del PP argumentando un crecimiento «exponencial» de la okupación en España. Según Sayas, actualmente existen alrededor de 79.000 viviendas ocupadas y 21.000 casos de inquiokupación. El parlamentario abogó por el incremento de las penas, la persecución a las mafias que organizan ocupaciones y la supresión del empadronamiento de los ocupantes, además de evitar que los propietarios sigan pagando suministros como agua, luz y gas.
Por el contrario, desde el PSOE, el diputado Raúl Díaz Martín sostuvo que la propuesta está orientada a proteger a los grandes especuladores y no a los pequeños propietarios. También criticó la eliminación de delitos de coacciones contra fondos buitre que corten suministros, mientras se endurecen las penas para inquilinos en situaciones de impago. Este argumento fue compartido por otras formaciones como ERC, EH Bildu, BNG y Compromís.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue especialmente crítica, asegurando que la proposición está «escrita al dedillo» al servicio de bancos y fondos buitre. Belarra defendió que, ante la falta de alternativas habitacionales, ocupar una vivienda vacía de un banco es una medida justificada para proteger a familias vulnerables.
Motivos de abstención y posturas intermedias
El PNV, a través de su diputado Mikel Legarda, reconoció que la usurpación de viviendas es un problema serio para propietarios y comunidades, pero advirtió que la solución no debe ignorar las situaciones de vulnerabilidad social ni apoyarse en «acusaciones disparatadas».
Por su parte, Marta Madrenas, representante de Junts, subrayó que su grupo no niega la realidad de los problemas que enfrentan vecinos y comunidades, pero tampoco participará en relatos que reduzcan la preocupación por las ocupaciones a mero «alarmismo ideológico».
Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, admitió que la ocupación ilegal representa un problema real y que «no se puede seguir mirando hacia otro lado».
Trámite parlamentario y próximos pasos
Tras superar esta primera votación, se abre ahora un periodo de presentación de enmiendas. En este proceso, PSOE y Sumar, que ostentan la mayoría en la Mesa del Congreso, suelen recurrir a prórrogas para ralentizar la tramitación de aquellas iniciativas legislativas a las que se oponen.
Cabe recordar que hace unas semanas el Pleno del Congreso también admitió a trámite la ley de vivienda propuesta por el PP, gracias de nuevo a la abstención de PNV y Junts. Sin embargo, dicha proposición permanece pendiente de que finalicen los plazos de enmiendas para continuar su tramitación parlamentaria.
Resumen de la propuesta legislativa antiokupas
- Desalojo de viviendas ocupadas en un máximo de 24 horas.
- Elevación de penas para los delitos relacionados con la ocupación ilegal.
- Prohibición del empadronamiento para ocupantes.
- Medidas para evitar que los propietarios paguen suministros de viviendas ocupadas.
- Persecución de mafias que organizan y fomentan la okupación.
El debate sobre la ocupación ilegal de viviendas continúa siendo uno de los temas más polarizados en el Congreso, con fuertes diferencias entre los partidos sobre la mejor manera de proteger tanto la propiedad privada como el derecho a la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad.
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