La Fiscalía recurre la condena a David Sánchez por falta de elementos probatorios en la sentencia
El Ministerio Fiscal ha interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia que condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Según el escrito presentado, la resolución judicial carece de los elementos objetivos y subjetivos exigidos por la tipificación penal de dicho delito.
Críticas a la fundamentación de la sentencia
En el recurso, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la Fiscalía sostiene que el relato de hechos probados presentado en la sentencia no describe de forma individualizada las conductas atribuibles a cada uno de los condenados ni incorpora los elementos necesarios para acreditar la prevaricación administrativa.
El Ministerio Público denuncia que la sentencia «sustituye frecuentemente la descripción de hechos por valoraciones, inferencias e interpretaciones», tanto en la exposición de los hechos como en la argumentación jurídica. Además, subraya la ausencia de pruebas directas que permitan concluir que la creación del puesto objeto de controversia respondía al propósito de beneficiar a David Sánchez.
Alcance de la condena y otras personas implicadas
Junto a David Sánchez, la sentencia recurrida condena a otras diez personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en relación con los procesos de contratación que afectaron tanto al hermano del presidente como a un amigo cercano, Luis Carrero, en el órgano provincial pacense.
Ausencia de pruebas individualizadas y elementos de arbitrariedad
El recurso, de 69 folios, argumenta que la sentencia se limita a describir una serie de correos electrónicos, reuniones, propuestas administrativas y cambios organizativos, pero no identifica de forma precisa cuál fue la resolución administrativa que se considera arbitraria y que constituye el núcleo del delito de prevaricación administrativa.
La Fiscalía sostiene que la sentencia recoge discrepancias sobre la distribución de determinados puestos, opiniones divergentes acerca de necesidades organizativas, críticas sindicales y rumores sobre aspirantes, pero insiste en que ninguna de estas circunstancias equivale a la arbitrariedad penal exigida por la ley.
Necesidad de acreditar el conocimiento y la intención
El Ministerio Público recalca que no basta con demostrar una posible ilegalidad administrativa. Para que exista prevaricación, es imprescindible acreditar que los acusados eran conscientes de la injusticia de la resolución y actuaron deliberadamente al margen del ordenamiento jurídico.
- No se detalla qué norma concreta se habría vulnerado.
- No se especifican advertencias jurídicas ignoradas por los acusados.
- No consta conocimiento específico de la supuesta ilegalidad.
- Faltan pruebas sobre una actuación deliberada fuera del marco legal.
Cuestionamiento de la motivación y de la selección de pruebas
La Fiscalía destaca que no existe prueba directa que demuestre que la creación del puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios estuviera dirigida a favorecer a David Sánchez. Tampoco hay indicios de que Miguel Ángel Gallardo u otros responsables de la Diputación conocieran la relación familiar de Sánchez antes de la creación del puesto, ni evidencia de presión o influencia alguna para la elaboración de la plaza.
El recurso también señala que la sentencia omite elementos probatorios que podrían exculpar a los acusados y se limita a seleccionar únicamente aquellos aspectos compatibles con la hipótesis de la acusación, sin ofrecer una justificación razonada sobre el rechazo de los elementos exculpatorios.
Conclusión de la Fiscalía
En resumen, la Fiscalía considera que la resolución recurrida presenta contradicciones internas que debilitan su coherencia lógica, como descartar la existencia de presión o influencia externa y, al mismo tiempo, afirmar que existió una finalidad de favorecimiento personal. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita la revisión de la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
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