Anticorrupción respalda la imputación de la expareja de Ábalos tras admitir cobros de empresas públicas sin trabajar
La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la imputación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el conocido ‘caso Koldo’. El Ministerio Público argumenta que existen suficientes indicios para investigarla formalmente, tras reconocer ante el Tribunal Supremo que percibió pagos de hasta 40.000 euros de las empresas públicas Ineco y Tragsatec sin haber desempeñado actividad laboral.
Reconocimiento de cobros y nuevas diligencias
Jéssica Rodríguez admitió durante su declaración como testigo en el juicio del denominado «caso mascarillas» que nunca llegó a trabajar en Ineco, y que su función se limitaba a esperar instrucciones de los exasesores ministeriales Joseba y Koldo García. Además, afirmó que José Luis Ábalos estaba al tanto de su situación contractual. La sentencia del Tribunal Supremo consideró acreditado que Rodríguez recibió más de 40.000 euros de ambas empresas públicas.
La Fiscalía ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional oponiéndose a los recursos de las defensas de Rodríguez e Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, quienes cuestionaban su imputación por supuesta contratación irregular entre 2019 y 2021, periodo en el que Ábalos ejercía como ministro de Transportes.
Detalles de la investigación y argumentos fiscales
Ambos investigados, Rodríguez y Zaldívar, fueron citados a declarar en julio, aunque optaron por acogerse a su derecho a no declarar. La Fiscalía considera que la declaración de hechos probados emitida por el Supremo implica inexorablemente la necesidad de que Rodríguez adquiera la condición de investigada en esta causa.
Según el Ministerio Público, la información proporcionada por Jéssica Rodríguez resulta fiable y está respaldada por «numerosos datos de prueba». No obstante, la Fiscalía reconoce que, al no haber sido imputada previamente por estos hechos, debe aplicarse un criterio de valoración especialmente cauteloso.
- Rodríguez admitió haber percibido salarios mensuales durante el periodo investigado.
- Confirmó haber realizado hasta 13 viajes con Ábalos mientras estaba contratada por Ineco y Tragsatec.
- Expresó que trasladó sus quejas directamente al exministro ante los requerimientos de información.
La Fiscalía subraya que, aunque existe margen para cuestionar la responsabilidad de Rodríguez, su testimonio queda corroborado por diversos elementos probatorios, lo que refuerza la necesidad de mantener su imputación.
El papel de Ignacio Zaldívar y otros implicados
En cuanto a Ignacio Zaldívar, también citado como investigado, Anticorrupción explica que su imputación se fundamenta en testimonios ajenos y no en sus propias declaraciones. En particular, se destaca que Virginia Barbancho, responsable de Tragsatec durante la contratación de Rodríguez, testificó ante el Supremo haber recibido una llamada de Zaldívar en la que fue «intimidada» para no interferir en la situación de Jéssica Rodríguez. Según declaró Barbancho, el propio ministro había expresado su desagrado ante la presidenta de Adif por las indagaciones en curso.
La Fiscalía recoge que Zaldívar, durante el juicio, reconoció el contenido de la conversación y confirmó que actuó por indicación de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también imputada en la causa.
En relación con el proceso de contratación en Tragsatec, el Ministerio Público apunta que se encargaron gestiones a Zaldívar para facilitar la incorporación de Rodríguez, sin necesidad siquiera de realizar una entrevista previa, según consta en los hechos probados por el Tribunal Supremo.
Conclusiones y situación procesal
La posición de la Fiscalía Anticorrupción es clara: la información aportada por Jéssica Rodríguez, junto con las pruebas recabadas, justifican su imputación formal en el caso Koldo. La investigación se centra en esclarecer el alcance de la supuesta contratación irregular y el posible conocimiento y participación de altos cargos del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.
El desarrollo del caso sigue en manos de la Audiencia Nacional, que deberá decidir sobre la situación procesal de los investigados a la luz de las nuevas diligencias y de los argumentos presentados por la Fiscalía.
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