El juez descarta protección especial para los audios en la denuncia contra el ex subdirector de la Policía Nacional
El juez encargado del caso contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha rechazado otorgar una protección especial a los audios presentados como prueba por la inspectora que lo denunció por agresión sexual. Sin embargo, el magistrado ha asegurado que la documentación probatoria ha sido remitida tanto al Ministerio Público como a la defensa del acusado mediante un canal seguro que garantiza la confidencialidad de los materiales.
Solicitud de reserva total sobre las pruebas
La inspectora denunciante, a través de su abogado Jorge Piedrafita, había solicitado al tribunal la «plena reserva y salvaguardia» de los audios aportados en la querella. La petición buscaba que dichas grabaciones sólo pudieran ser consultadas en la sede judicial y en presencia de la letrada de la Administración de Justicia, con el objetivo de evitar nuevas filtraciones que pudieran poner en riesgo la identidad y la seguridad de la agente.
Según explicó el abogado, la medida pretendía limitar al máximo el acceso a los archivos, permitiendo exclusivamente su revisión bajo estricta supervisión. La defensa argumentó que la filtración previa de datos personales de la denunciante ya había provocado que se le asignara escolta policial para proteger su integridad.
Pruebas presentadas y contenido de la querella
Entre los elementos probatorios presentados por la inspectora figuran:
- Un listado de llamadas recibidas desde el teléfono del ex DAO.
- Pantallazos de mensajes de WhatsApp referenciados en la denuncia.
- Grabaciones de audio que, según la defensa, respaldan los hechos relatados.
La querella describe en detalle varias conversaciones, una de las cuales involucra al comisario Óscar San Juan, persona de confianza del acusado y que también ha sido apartado de su cargo por presuntamente coaccionar a la víctima.
Detalles de la denuncia
La agente sostiene que el ex DAO, con quien mantuvo en el pasado una relación afectiva, la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial del Ministerio del Interior. De acuerdo con la denuncia, la inspectora fue presionada para acudir a ese lugar.
El documento judicial subraya las «negativas inequívocas, claras y persistentes» de la denunciante, y menciona tanto «violencia física» como «intimidación ambiental». Además, se hace referencia a una «situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental» en el contexto de los hechos denunciados.
Próximos pasos en el proceso judicial
El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha fijado para el próximo 17 de marzo la toma de declaración, tanto del ex director adjunto operativo como de la inspectora denunciante. El desarrollo de estas comparecencias será clave para el avance de la investigación y la valoración de las pruebas presentadas.
Nota:
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