El exministro Fernández Díaz defiende su inocencia en el juicio del caso Kitchen y su ex ‘número dos’ niega la existencia de delito
En el desarrollo del juicio por el denominado caso Kitchen, las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez han presentado sus informes finales ante la Audiencia Nacional. Ambos han insistido en la inocencia de sus defendidos y han cuestionado la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, que solicita para ambos 15 años de prisión por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y vulneración de la intimidad.
Argumentos de la defensa de Jorge Fernández Díaz
La defensa de Fernández Díaz, encabezada por el abogado Jesús Mandri, ha sostenido que su cliente «nunca tuvo interés» en la documentación en poder de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, ya que el exministro no figuraba entre los cargos relacionados con los pagos de la denominada caja b del partido. Mandri subrayó que Fernández Díaz «le daba exactamente igual» la información que pudiera poseer Bárcenas, reforzando así la tesis de que no tenía ningún motivo personal para ordenar la operación Kitchen ni para obstaculizar la investigación del caso Gürtel.
Según la defensa, la operación Kitchen no fue una acción parapolicial, sino una «operación de inteligencia» orientada a localizar el dinero supuestamente oculto por Bárcenas y a identificar a posibles testaferros. Mandri argumentó que los elementos incriminatorios contra Fernández Díaz provienen únicamente de Francisco Martínez, y que estos no han sido debidamente corroborados a lo largo del proceso.
El letrado también cuestionó la credibilidad de los mensajes de texto que, según Martínez, implicarían al exministro en la trama. Mandri detalló que los notarios que certificaron dichos mensajes no pudieron acreditar que estos provinieran realmente del terminal de Fernández Díaz, quien, además, puso voluntariamente su teléfono a disposición de la Audiencia Nacional. En este sentido, la defensa denunció una «inversión de la carga de la prueba» y criticó que se pretenda responsabilizar penalmente a Fernández Díaz únicamente por haber ocupado el cargo de ministro del Interior.
Las agendas y grabaciones de Villarejo, en entredicho
Respecto a las agendas del excomisario José Manuel Villarejo, Mandri criticó a la Fiscalía por otorgarles valor probatorio en el caso de Fernández Díaz, mientras que no se utilizaron con el mismo criterio para implicar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, quienes finalmente no fueron imputados. El abogado afirmó que las anotaciones en las agendas no constituyen prueba suficiente para sustentar una acusación.
Defensa de Francisco Martínez: “Kitchen fue una operación de Estado”
La defensa de Francisco Martínez, representada por el abogado Pedro Colinas, sostuvo que la operación Kitchen fue una actuación legítima y de interés para el Estado, orientada a investigar la fortuna de Bárcenas y proteger los intereses generales. Según Colinas, su cliente estaba informado de la operación dentro de sus funciones, pero negó que Martínez diera instrucciones directas a Villarejo para captar a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, como confidente.
El abogado calificó de “no naturales ni espontáneas” las grabaciones de Villarejo donde aparecen conversaciones entre Martínez y el excomisario, señalando que estas fueron “dirigidas” y no pueden ser admitidas como prueba válida por vulnerar los derechos fundamentales de su cliente. Asimismo, puso en duda la fiabilidad de las agendas de Villarejo, argumentando que no constituyen un elemento externo y objetivo capaz de corroborar las grabaciones o los hechos investigados.
Petición de absolución y cuestionamientos a la Fiscalía
Ambas defensas han solicitado la absolución de sus representados, alegando que no ha quedado acreditada la comisión de los delitos imputados. Tanto Fernández Díaz como Martínez rechazan la existencia de una trama parapolicial y defienden que actuaron dentro del marco legal y en cumplimiento de sus funciones como responsables de Interior durante el periodo investigado.
El caso Kitchen, que sigue acaparando la atención mediática y política, está en la recta final de su fase judicial, a la espera del veredicto de la Audiencia Nacional sobre uno de los mayores escándalos recientes relacionados con la lucha interna en el Partido Popular y la gestión de fondos reservados para operaciones policiales.
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