El Tribunal Supremo exige a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama una fianza de 647.000 euros
El Tribunal Supremo ha reclamado el pago de una fianza conjunta de 647.000 euros al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Esta exigencia responde a la ejecución de la sentencia firme que les condenó por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia.
Plazo de 15 días para el pago
La Sala responsable del caso ha otorgado un plazo de 15 días para que los condenados abonen la suma correspondiente a las multas, el decomiso de las ganancias obtenidas ilícitamente y las indemnizaciones fijadas en la sentencia. Si no cumplen con este requerimiento en el tiempo establecido, se procederá a la ejecución forzosa por la vía de apremio tanto de las multas como de las indemnizaciones.
Detalle de las sanciones económicas
- José Luis Ábalos deberá pagar multas por un total de 52.500 euros.
- Koldo García afronta multas por valor de 45.750 euros.
- Víctor de Aldama, actualmente en libertad, debe abonar 75.000 euros en multas.
- Además, los tres condenados deberán hacer frente conjuntamente al pago de 430.298 euros, cantidad que se considera el beneficio obtenido a través del delito de cohecho.
Adicionalmente, Ábalos y Koldo García deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a las empresas públicas Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500 euros respectivamente. Esta indemnización se debe a la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro.
Penas de prisión y otras medidas
En lo que respecta al cumplimiento de las penas de prisión, la Sala ha determinado que José Luis Ábalos permanecerá en prisión durante un máximo de 15 años y 18 meses, mientras que Koldo García deberá cumplir una condena máxima de 15 años.
Por su parte, Víctor de Aldama, que permanece en libertad, está obligado a presentarse semestralmente ante el tribunal para informar sobre sus actividades profesionales y empresariales, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legalidad vigente. Asimismo, dispone de 15 días para confirmar su consentimiento a realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Estas obligaciones están directamente relacionadas con la suspensión de la ejecución de la pena de cuatro años y medio de cárcel impuesta a Aldama, medida que se adoptó debido a su colaboración con la justicia durante el proceso judicial.
Contexto del caso
El caso se enmarca en la investigación sobre el cobro de comisiones ilegales en la contratación de material sanitario durante la pandemia. La sentencia firme del Tribunal Supremo pone fin a una de las causas más relevantes sobre corrupción vinculada a la gestión pública durante la emergencia sanitaria en España.
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