El Tribunal Supremo ratifica las costas de 39.000 euros que el ex fiscal general debe pagar por los gastos de defensa de la pareja de Ayuso
El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el Ministerio Fiscal, confirmando así el pago de 39.000 euros en concepto de costas procesales por los gastos de defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Decisión judicial firme sobre las costas
La Sala de lo Penal del Supremo ha emitido un auto que rechaza los recursos de revisión contra el decreto emitido el 26 de marzo por la letrada de la Administración de Justicia, quien fijó en 39.000 euros el importe definitivo de las costas. Inicialmente, se había aprobado una tasación superior, de 79.942 euros, basada en la minuta presentada por el abogado y el procurador de González Amador. Sin embargo, la letrada optó por reducir sustancialmente la cantidad al excluir del cálculo varios recursos considerados improcedentes.
Esta reducción se produjo tras estimar parcialmente la impugnación presentada por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, y por la Fiscalía. Ambas partes argumentaron que parte de las costas reclamadas eran indebidas. No obstante, la nueva cuantía tampoco satisfizo a la Fiscalía ni a la Abogacía, quienes recurrieron de nuevo la decisión alegando que algunas partidas eran superfluas o innecesarias. Finalmente, el Supremo ha desestimado estos argumentos y mantiene la suma fijada en 39.000 euros.
Antecedentes de la condena
Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado, al ser hallado culpable de un delito de revelación de datos reservados. Se le imputó la difusión de información confidencial relacionada con la investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador.
Además de la condena de inhabilitación, el ex fiscal general fue sentenciado al pago de una multa de 7.200 euros y a abonar una indemnización de 10.000 euros por daños morales, junto a las citadas costas procesales.
Pago de la multa e indemnización
Según fuentes judiciales, Álvaro García Ortiz ya ha abonado tanto la multa como la indemnización. Para ello, se utilizaron fondos procedentes de aportaciones voluntarias, canalizadas y coordinadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), organización de la que García Ortiz fue presidente portavoz. La UPF asumió íntegramente el pago como propio.
Resumen de las sanciones impuestas
- Inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general del Estado
- Multa de 7.200 euros
- Indemnización de 10.000 euros por daños morales
- Pago de 39.000 euros en concepto de costas procesales
Con esta resolución, el Tribunal Supremo pone fin a la vía judicial respecto a las costas procesales, cerrando un capítulo relevante en el caso que involucra a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Nota:
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