El Gobierno reducirá el IVA de los carburantes al 10% en su plan de respuesta a la guerra de Irán
El Ejecutivo español prepara un amplio paquete de medidas económicas y sociales como respuesta a las consecuencias derivadas de la guerra en Irán. Entre las principales novedades, destaca la reducción del IVA aplicado a los carburantes, que pasará al 10%, en un intento de mitigar el impacto del conflicto en los precios energéticos y en el bolsillo de los ciudadanos.
- El Gobierno reducirá el IVA de los carburantes al 10% en su plan de respuesta a la guerra de Irán
- Rebajas fiscales y refuerzo del escudo social
- Medidas energéticas y fiscales
- Protección frente a la pobreza energética
- Apoyo económico al sector agrario y transporte
- Incentivos fiscales para la eficiencia energética y la movilidad sostenible
- Reformas laborales y simplificación administrativa
- Presión para incluir medidas de vivienda
- Próxima votación en el Congreso
Rebajas fiscales y refuerzo del escudo social
La Moncloa busca sumar apoyos parlamentarios a través de un enfoque transversal que combina la bajada de impuestos con el fortalecimiento de medidas sociales. Tras el reciente rechazo en el Congreso a parte del denominado “escudo social”, el Gobierno persigue ahora un consenso más amplio, mientras partidos como Sumar presionan para incluir acciones en materia de vivienda dentro del plan de respuesta.
Este viernes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobará el denominado “Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio”. El presidente Pedro Sánchez será el encargado de presentar el paquete de medidas, en un contexto de exigencia por parte de sus socios para que las acciones sean ambiciosas y eficaces.
Medidas energéticas y fiscales
Entre las medidas previstas, el Gobierno contempla la supresión del impuesto especial a los hidrocarburos, lo que podría traducirse en una rebaja de entre 30 y 40 céntimos por litro en el precio del diésel y la gasolina. Además, se estudian reducciones fiscales en la factura eléctrica mediante la eliminación del impuesto especial eléctrico (actualmente al 5%) y la bajada del impuesto a la producción eléctrica.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia recibirá competencias reforzadas para recopilar información sobre los distribuidores de carburantes y vigilar la evolución de los precios, con el objetivo de evitar prácticas abusivas en el sector.
Protección frente a la pobreza energética
El decreto incluirá descuentos aumentados en el bono social eléctrico. De este modo, el consumidor vulnerable podrá beneficiarse de un descuento del 42,5%, mientras que para los casos de vulnerabilidad severa la rebaja alcanzará el 57,5%. Además, se garantizará el suministro de electricidad, gas y agua a los consumidores más vulnerables y se flexibilizarán los contratos de energía para facilitar su adaptación a la situación económica.
Apoyo económico al sector agrario y transporte
El plan contempla ayudas extraordinarias y temporales para las empresas y explotaciones agrarias, destinadas a compensar el aumento del coste del gasóleo. Entre las medidas, se prevé una devolución específica para productores agrarios y una ampliación de la línea ICO para facilitar liquidez.
- Ayuda de 0,20 euros por cada litro de gasóleo adquirido para uso agrario.
- Subvenciones extraordinarias para transportistas que no se benefician de devoluciones previas.
Incentivos fiscales para la eficiencia energética y la movilidad sostenible
El decreto incluirá deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y por la adquisición de vehículos eléctricos, de pila de combustible y puntos de recarga. Estas medidas buscan fomentar la transición hacia modelos energéticos más sostenibles y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Reformas laborales y simplificación administrativa
Entre las novedades laborales, se prohibirá el despido en empresas beneficiarias de ayudas públicas. Asimismo, se implementarán medidas para agilizar trámites administrativos en proyectos de energías renovables, con el fin de acelerar la transición energética.
Para impulsar el autoconsumo compartido, se simplificarán los procedimientos en barrios, municipios y polígonos industriales. Además, se ofrecerá apoyo técnico y administrativo a cooperativas energéticas a través de ayudas dirigidas a Oficinas de Transformación Comunitaria.
Presión para incluir medidas de vivienda
Los partidos de la izquierda alternativa, como Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos, demandan que el plan de respuesta incorpore acciones contundentes en materia de vivienda. Entre las propuestas destaca la prórroga de los contratos de alquiler, considerada por Sumar como la medida más relevante. Esta iniciativa ya formó parte del primer paquete de medidas aprobado tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y podría volver a ser clave para lograr el respaldo parlamentario necesario.
Próxima votación en el Congreso
El Ejecutivo aspira a que el decreto, cuyo contenido se presentará en las próximas horas, cuente ya con el respaldo necesario para ser aprobado en la votación prevista para la próxima semana en el Congreso. El objetivo es evitar un nuevo revés parlamentario en una cuestión considerada estratégica por el Gobierno.
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