La filtración de un informe policial coloca a la alcaldesa de Alcalá de Henares al borde del banquillo
Una jueza ha propuesto juzgar a Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, y a Raúl Castillo, director de Comunicación del consistorio, por la supuesta filtración de una nota policial. Estos hechos se enmarcan en el intento de respaldar el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien vinculó sin pruebas la inmigración con agresiones sexuales en la localidad.
Un informe filtrado para sostener acusaciones infundadas
El caso se remonta a enero de 2024, cuando desde el entorno de Ayuso se desplegó una operación para reforzar públicamente su postura respecto a la inmigración en la región. La presidenta madrileña había afirmado que se estaban investigando agresiones sexuales cometidas por personas acogidas en el Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares, a pesar de que no existían pruebas que vincularan a los migrantes con dichos delitos.
Según el auto judicial, la alcaldesa Piquet y el director de Comunicación presuntamente facilitaron la filtración de un informe policial con el objetivo de servir de base para las declaraciones públicas del número dos de Ayuso, Alfonso Serrano. Este último utilizó las redes sociales para difundir acusaciones contra los migrantes, asegurando que habían cometido agresiones sexuales en la localidad.
Los hechos clave según la investigación judicial
- El 11 de diciembre de 2023 se denunciaron dos agresiones sexuales en Alcalá de Henares, que eran objeto de investigación. Sin embargo, la policía local informó a Piquet y a la concejala de Seguridad que no se podía atribuir responsabilidad a ningún migrante del CAED.
- El 17 de enero de 2024, tras un Consejo Extraordinario de Gobierno, Ayuso vinculó públicamente inmigración y delincuencia en la ciudad, incluyendo un supuesto brote de sarna. La Delegación del Gobierno desmintió inmediatamente estas afirmaciones.
- Ese mismo día, Piquet solicitó al jefe de la Policía Local la documentación relativa a las agresiones denunciadas. Posteriormente, fotografió el informe policial y lo compartió con el director de Comunicación del Ayuntamiento.
- El informe recogía detalles sobre el presunto agresor, pero en ningún momento confirmaba la implicación de personas migrantes del CAED.
- La imagen del informe fue difundida posteriormente en la red social X por Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, incrementando la presión mediática sobre los migrantes del centro de acogida.
Consecuencias legales y política de la filtración
La jueza ha considerado que tanto la alcaldesa como el director de Comunicación podrían haber incurrido en delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, al haber facilitado la salida de información confidencial que posteriormente fue utilizada con fines políticos.
La Fiscalía sostiene que la propia alcaldesa remitió la fotografía del informe policial a Serrano, bien directamente o a través del director de Comunicación del consistorio. Por su parte, el dirigente popular ha manifestado que recibió la imagen desde un correo electrónico desconocido.
La causa se encuentra en una fase decisiva. De confirmarse la apertura de juicio oral, ambos responsables municipales se enfrentarían a un proceso judicial por la supuesta filtración de documentos oficiales. El caso también pone de manifiesto la instrumentalización de la seguridad ciudadana y la migración en el debate político regional, así como el uso de información policial con fines partidistas.
Contexto social y político
El episodio ha generado preocupación entre organizaciones sociales y colectivos vinculados a la defensa de los derechos de los migrantes, alertando sobre las consecuencias de difundir bulos que asocian inmigración y criminalidad sin pruebas. Además, el caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los cargos públicos en la gestión y protección de información sensible.
A la espera de una resolución judicial definitiva, la alcaldesa de Alcalá de Henares y su equipo de comunicación se encuentran bajo la lupa por unas acciones que, según la jueza instructora, podrían haber tenido como principal objetivo proteger políticamente a la presidenta regional en un contexto de fuerte controversia mediática.
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