El Defensor del Pueblo aragonés investiga la retirada de ayudas a menores migrantes
La Justicia de Aragón, institución encargada de salvaguardar los derechos de los ciudadanos en la comunidad autónoma, ha iniciado un expediente de oficio tras el anuncio de la supresión de la asignación destinada a menores migrantes no acompañados en centros de acogida de la región.
Decisión motivada por la protección de la infancia
La apertura del expediente responde al ejercicio de las competencias del Defensor del Pueblo aragonés en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Concepción Gimeno, responsable de la institución, ha dado este paso tras conocer la medida anunciada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, representante de Vox.
La institución ha recordado que su labor principal es velar por los derechos de todos los ciudadanos aragoneses, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables, como los menores migrantes no acompañados que residen actualmente en centros de acogida gestionados por la administración autonómica.
Solicitud de información al Gobierno de Aragón
En su comunicado, la Justicia de Aragón ha informado que ha solicitado formalmente al departamento dirigido por Nolasco detalles sobre la decisión de retirar la asignación. En concreto, se ha pedido información sobre los fundamentos de la medida, su justificación y el alcance de su aplicación, con el objetivo de analizar si se ajusta a la legislación vigente y a los principios de protección de los derechos de la infancia.
- Motivaciones oficiales para la supresión de la ayuda.
- Criterios de aplicación y posibles excepciones.
- Impacto previsto en los menores afectados.
Próximos pasos
La investigación abierta por el Defensor del Pueblo aragonés se suma a la preocupación social y política generada por la nueva política de asignaciones a menores migrantes. En los próximos días, se espera conocer la respuesta del Gobierno de Aragón y las posibles acciones derivadas del análisis realizado por la institución.
Esta actuación refuerza el compromiso de la Justicia de Aragón con la vigilancia y garantía de los derechos fundamentales, especialmente en lo que respecta a la protección integral de la infancia y la adolescencia en situaciones de especial vulnerabilidad.
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