El ‘caso Lezo’ llega a juicio una década después de la investigación sobre la compra de Inassa
La Audiencia Nacional da inicio esta semana al primer juicio del denominado «caso Lezo», una de las mayores causas de corrupción de la última década en torno a la gestión del Canal de Isabel II. Han pasado diez años desde que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 abrió diligencias tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por la adquisición de la empresa colombiana Inassa, operación que habría supuesto un sobreprecio de hasta 29 millones de euros.
Veintidós acusados y ex altos cargos en el banquillo
El proceso judicial sentará en el banquillo a 22 personas, entre las que destacan los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, ambos colaboradores cercanos de Alberto Ruiz-Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde de la capital. La Fiscalía Anticorrupción solicita para ellos siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, acusados de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre y expresidente del Canal de Isabel II, figura como uno de los principales investigados en la macrocausa, aunque no participará en este primer juicio. González afrontará otras vistas orales a partir de octubre, relacionadas con la adjudicación y gestión del campo de golf del Canal, la compra de la empresa brasileña Emissao y el contrato del tren Móstoles-Navalcarnero.
Origen y desarrollo de la investigación
La operación fue bautizada como «Lezo» por la Guardia Civil, en referencia al almirante Blas de Lezo, que defendió Cartagena de Indias en el siglo XVIII. El caso se centra en la expansión internacional del Canal de Isabel II en Sudamérica, con la compra de Inassa y Emissao como operaciones principales bajo sospecha de desvío de fondos públicos.
La investigación se remonta a 2001, cuando el Canal de Isabel II, a través de la sociedad recién creada Canal Extensa SA, adquirió el 75% de Inassa. Según el auto de apertura de juicio oral firmado por el juez Manuel García-Castellón en marzo de 2020, la operación estuvo plagada de irregularidades y se ejecutó de manera indirecta, a través de la sociedad panameña Aguas de América (SAA), propietaria de Inassa y de otras participaciones en República Dominicana.
Los mecanismos de la operación y el perjuicio económico
El proceso de adquisición se puso en marcha cuando empresarios vinculados a Triple A, principal activo de Inassa, lograron que Aguas de Barcelona (Agbar) vendiera su participación en Inassa a SAA, controlada por los propios empresarios y socios colombianos. Paralelamente, se abrió un proceso de venta de SAA que concluyó en 2002, con la compra por parte del Canal de Isabel II a un precio muy superior al valor real, generando cuantiosas plusvalías para los vendedores y un grave perjuicio a las arcas públicas.
Por parte del Canal de Isabel II intervinieron los exdirectivos José Antonio de Cachavera Sánchez y Juan Pablo López Heras, quienes, conscientes del interés de los vendedores, consintieron en la operación mediante la interposición de una sociedad panameña, actuando en contra de los intereses públicos. Esta conducta contó con la aprobación de Arturo Canalda González, entonces director gerente del Canal, que facilitó y presentó la operación a los consejos de administración pertinentes.
- La compra fue autorizada por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, incluyendo a 14 de sus miembros, el 14 de noviembre de 2001, a pesar de conocer la participación de la sociedad panameña y el sobreprecio.
- Posteriormente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la adquisición del 75% de Inassa, con la presencia de varios de los acusados en la sesión.
Reclamaciones de la Fiscalía y consecuencias económicas
La Fiscalía solicita para los acusados penas de entre seis y siete años de prisión, junto con inhabilitación absoluta de 12 a 15 años. Además, reclama que los 22 acusados indemnicen de manera solidaria al Canal de Isabel II por el sobreprecio pagado en la adquisición, una cifra que supera los 19 millones de euros, aunque no se descarta que la cantidad definitiva sea superior tras la fase de conclusiones.
El juez instructor considera que la «consciente dejación de funciones» por parte de los responsables permitió el desvío de fondos públicos y un daño económico injustificado a la entidad, beneficiando exclusivamente a los vendedores de Inassa. Se estima que el sobreprecio osciló entre 19 y 29 millones de euros, sin justificación alguna y con cargo al erario público.
Calendario judicial y perspectiva futura
El primer juicio del caso Lezo está previsto que concluya el 8 de octubre, pocos días antes de que Ignacio González se siente en el banquillo en otra de las piezas separadas. Para González, la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 19 de inhabilitación por delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
La macrocausa Lezo, que ha sido dividida en varias piezas, continuará desarrollándose a lo largo de los próximos meses y años, con la vista puesta en esclarecer las responsabilidades y el destino de los fondos públicos desviados en una de las operaciones internacionales más polémicas de la historia reciente de la Comunidad de Madrid.
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