Estados Unidos impone sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional
El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones dirigidas a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco de una intensificación de su campaña para desmantelar el tribunal internacional. La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, representa un nuevo episodio en el enfrentamiento de Washington con la CPI.
Sanciones del Departamento del Tesoro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro hizo público un comunicado en el que informa la inclusión de Akane y de Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía de la CPI, en la lista de personas sancionadas. Estas restricciones, que entraron en vigor de inmediato, limitan las transacciones financieras vinculadas a ambos, aunque permiten operaciones puntuales para cerrar movimientos pendientes hasta el 17 de septiembre.
Además, la OFAC señaló que las sanciones también se extenderán a cualquier entidad en la que los sancionados tengan una participación igual o superior al 50%, ya sea de manera individual o conjunta, directa o indirectamente.
Motivaciones y contexto de las sanciones
Como presidenta de la CPI, Tomoko Akane desempeña funciones principalmente institucionales y de representación. Por su parte, Abdoulaye Seye ha estado vinculado a investigaciones sensibles para Estados Unidos, incluyendo la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, áreas de especial interés para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal internacional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión del Gobierno norteamericano argumentando que «la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal».
Antecedentes y postura de la administración Trump
El anuncio de estas sanciones se produce en línea con las declaraciones previas de Rubio, quien en julio adelantó que la administración Trump intensificaría su campaña contra la CPI en las próximas semanas.
Desde su regreso al poder el año anterior, Donald Trump ha arremetido abiertamente contra la Corte Penal Internacional. En febrero, firmó una orden ejecutiva calificando varias iniciativas del tribunal como una «amenaza» para la seguridad nacional estadounidense. Esta orden ha servido de base para sancionar a funcionarios de la CPI y a otras personalidades y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos en Palestina.
Entre las acciones más recientes del tribunal internacional que han generado la reacción estadounidense destacan las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército de Estados Unidos en Afganistán y las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por posibles delitos en Gaza.
Desconocimiento de la jurisdicción de la CPI
Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional, lo que le permite argumentar que el tribunal carece de autoridad para juzgar a sus ciudadanos. Esta postura también se aplica a Israel, que tampoco es parte del estatuto. La administración Trump mantiene así una política de rechazo firme hacia cualquier intento de la CPI de investigar o sancionar a nacionales estadounidenses o israelíes.
Implicaciones internacionales
Estas medidas refuerzan la tensión entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional, mientras organismos y defensores de derechos humanos en todo el mundo observan con preocupación el impacto que estas sanciones puedan tener sobre la independencia y eficacia del tribunal en la persecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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