La Guardia Civil destapa amaños en contratos de infraestructuras catalanas durante el mandato de CDC
Un agente de la Guardia Civil ha confirmado ante la Audiencia Nacional la existencia de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de infraestructuras en Cataluña entre 2011 y 2015, periodo correspondiente al Gobierno autonómico de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Según la investigación, las licitaciones habrían sido manipuladas en favor de un cártel de empresas del sector, lo que ha derivado en un macroproceso judicial con 17 acusados.
El juicio: 17 acusados y penas de hasta nueve años de prisión
La Fiscalía Anticorrupción solicita condenas de entre seis años y tres meses y hasta ocho años y nueve meses de prisión para los 17 procesados, imputados por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas y prevaricación. Entre los principales acusados figuran Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, entonces presidente y director general de la empresa pública Gestió d’Infraestructures SAU (GISA), posteriormente conocida como Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU.
Descubrimiento de pruebas clave durante la investigación
Durante la primera sesión del juicio, el guardia civil responsable de la investigación relató el hallazgo de documentación comprometida. Tras la detención de Rosell, un conocido suyo, Vicente C.V., entregó a la Guardia Civil una caja de caudales y cuatro maletines que contenían documentos sobre los amaños. Estos materiales respaldan la tesis de que el amaño de contratos comenzó tras la llegada de Quer y Rosell a la dirección de GISA en 2011.
El agente explicó que Rosell, en calidad de director general, era quien evaluaba las ofertas y gestionaba las relaciones con las empresas participantes, siguiendo instrucciones directas del partido CDC, en concreto de su tesorero, Andreu Viloca. En un registro realizado en la sede de CDC, la Guardia Civil localizó documentos de licitaciones de obras públicas en el despacho de Viloca, lo cual resultó incoherente con sus funciones de tesorero.
El cártel “Nuria Bofill” y la manipulación de concursos públicos
La investigación reveló que varias compañías, agrupadas en torno a la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca), formaron un cártel denominado “Nuria Bofill”. Este grupo pactaba precios y condiciones para concurrir a concursos públicos, eliminando la competencia leal.
Según la declaración del agente, Quer y Rosell instauraron en GISA una oficina técnica de evaluación bajo su control directo, lo que les permitía modificar las puntuaciones otorgadas por los técnicos a las empresas licitadoras antes de su presentación ante la mesa de contratación.
Relación de contratos investigados
El escrito de acusación de la Fiscalía detalla nueve expedientes de contratación pública, adjudicados de manera ilícita por un valor total de 5.585.325 euros. Estos contratos incluían proyectos de construcción y mejora de carreteras, así como estudios y obras para la ampliación de líneas ferroviarias y de metro en diversos municipios catalanes.
- Construcción y mejora de carreteras en Sant Julià de Ramis, el eje del Llobregat, la variante de Gandesa y desdoblamientos en Sant Llorenç d’Hortons, Martorell y Manresa.
- Estudio de prolongación de la línea Llobregat-Anoia de los Ferrocarriles de la Generalitat, en el tramo Plaza de España-Gracia.
- Proyectos de construcción y dirección de obras para la prolongación ferroviaria en Sabadell y la extensión de líneas del Metro de Barcelona.
Implicados y próximos pasos
El resto de acusados son miembros de Asinca y directivos de distintas empresas de ingeniería, todos ellos presuntamente implicados en el acuerdo ilícito para repartirse contratos públicos bajo la denominación de “Nuria Bofill”.
La Audiencia Nacional continuará con las vistas para esclarecer la responsabilidad de cada uno de los imputados y determinar el alcance de las irregularidades cometidas en uno de los casos de corrupción más relevantes de la última década en Cataluña.
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