Ayuso mantuvo lujoso ático pese a deuda familiar ligada al caso Avalmadrid

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Un ático con vistas al caso Avalmadrid: la vivienda que Ayuso conservó pese a la deuda familiar impagada

La reciente adquisición y posterior venta de un lujoso ático en el Paseo del General Martínez Campos de Madrid ha reavivado la polémica en torno a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y su entorno familiar. El inmueble, de 485 metros cuadrados, fue comprado por la Comunidad de Madrid en abril supuestamente para servir de “oficina temporal” para Ayuso durante las obras en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. Sin embargo, la operación y la vinculación de la presidenta con otra vivienda en la misma calle, sumada a la inacción de Avalmadrid ante una deuda relevante, han levantado serias dudas sobre la gestión y las prioridades en el uso de recursos públicos.

La compra del ático y la reacción política

El ático, adquirido por la entidad pública Planifica Madrid, está situado justo enfrente de la única propiedad que Isabel Díaz Ayuso declara en la zona, un piso recibido en donación de sus padres en 2011. La compra se realizó sin que la Asamblea de Madrid fuera informada, lo que motivó críticas y peticiones de explicaciones por parte de los grupos de oposición, especialmente Más Madrid y PSOE. Ambos partidos denunciaron, además, que el inmueble solo contaba con licencia de uso residencial, no administrativo.

Tras la controversia, la Comunidad de Madrid anunció la puesta en venta del ático junto a otros inmuebles de Planifica Madrid, argumentando la necesidad de obtener liquidez para la “reconstrucción” de áreas afectadas por incendios en la Sierra Oeste. Así, la presidenta regional no llegará a utilizar el ático como despacho provisional y la operación inmobiliaria ha quedado bajo la lupa pública.

El piso familiar y la polémica con Avalmadrid

La otra vivienda en cuestión, situada en el mismo Paseo del General Martínez Campos, fue donada a Isabel Díaz Ayuso por sus padres en octubre de 2011, cuando la actual presidenta ya era diputada autonómica. El traspaso se produjo en un contexto delicado: la familia Díaz-Ayuso era propietaria de una cuarta parte de la empresa MC Infortécnica SL, dedicada al suministro de material sanitario y que había contraído un préstamo de 400.000 euros con Avalmadrid, una entidad semipública respaldada en un 30% por el Gobierno regional.

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El crédito debía devolverse parcialmente antes de finales de 2011 y el resto en los dos años siguientes, estando garantizado tanto por los avales personales de los socios como por una nave industrial propiedad del padre de Ayuso. Sin embargo, la empresa no cumplió con los pagos, lo que desencadenó el riesgo de embargo de los bienes familiares. Dos meses antes del primer vencimiento, Ayuso aceptó la donación del piso, que pasó a ser de su propiedad en nuda propiedad, mientras su madre mantenía el usufructo.

Inacción y trato de favor por parte de Avalmadrid

La actuación de Avalmadrid en este caso ha sido duramente cuestionada. A pesar de que su propio Comité de Morosidad recomendó proceder al embargo de los bienes de los socios para recuperar la deuda, la entidad demoró siete meses en llevar el asunto a los tribunales, y además cometió errores en la gestión de la documentación, presentando la demanda en el juzgado equivocado. Finalmente, la pasividad administrativa permitió que los socios de MC Infortécnica SL, incluida la familia de Ayuso, se deshicieran de sus propiedades sin que se llegara a ejecutar el embargo.

El resultado fue que el préstamo impagado, por valor de 336.758 euros, tuvo que ser asumido por los contribuyentes madrileños. Una auditoría interna encargada por Avalmadrid en 2019 constató que se ocultó la donación del piso a Ayuso y se desatendió la investigación de un posible delito de alzamiento de bienes.

Cierre judicial y persistencia de la controversia

Las denuncias presentadas por partidos de la oposición para esclarecer la relación entre Ayuso, Avalmadrid y la donación del piso fueron finalmente archivadas. Tanto la Fiscalía Anticorrupción en 2019 como el Tribunal Supremo en 2021 cerraron el caso sin consecuencias judiciales para la presidenta regional.

Sin embargo, la titularidad del apartamento en Chamberí y las recientes operaciones inmobiliarias del Gobierno regional continúan alimentando el debate público sobre la transparencia y la gestión de recursos en la Comunidad de Madrid.

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  • El ático comprado por la Comunidad de Madrid fue adquirido sin conocimiento de la Asamblea y será puesto en venta tras la polémica.
  • La vivienda de Ayuso en la misma calle fue donada por sus padres para evitar un embargo vinculado a una deuda empresarial impagada.
  • Avalmadrid, la entidad semipública de avales, no actuó con diligencia para reclamar la deuda, generando un coste de más de 330.000 euros para el erario público.
  • Las investigaciones judiciales sobre el caso han sido archivadas, pero las dudas sobre la gestión y la ética en el uso de bienes públicos persisten.

El caso pone de manifiesto la necesidad de mayor vigilancia y rendición de cuentas en las operaciones inmobiliarias y financieras en las que intervienen altos cargos públicos y entidades dependientes de la administración autonómica.

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