PP y Vox aprueban los primeros presupuestos de la legislatura en Extremadura tras cuatro meses de negociaciones
La Asamblea de Extremadura ha aprobado este miércoles los primeros presupuestos autonómicos de la legislatura, tras un arduo proceso de negociación de casi cuatro meses entre el Partido Popular y Vox. Ambos grupos, que forman el actual gobierno de coalición, han hecho valer su mayoría absoluta para sacar adelante unas cuentas históricas, mientras que PSOE y Unidas han votado en contra y han visto rechazadas todas sus propuestas.
Presupuestos récord para Extremadura
El presupuesto regional para 2026 asciende a 8.854 millones de euros, lo que supone la cifra más alta en la historia de Extremadura y un incremento de 200 millones respecto al último proyecto, que fue retirado por falta de apoyos parlamentarios. Este desencuentro previo motivó la convocatoria de elecciones anticipadas en diciembre de 2025 por la presidenta de la Junta, María Guardiola.
La aprobación de las cuentas ha sido el resultado de un acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox, que contempla el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura. El debate parlamentario, que se prolongó durante 12 horas, culminó con la votación favorable de ambos partidos a un texto que incluye 36 enmiendas propias, valoradas en 41 millones de euros, ya incorporadas tras su paso por la Comisión de Hacienda y Presupuestos.
Rechazo frontal a las propuestas de la oposición
Durante la sesión, las 622 enmiendas parciales presentadas por PSOE y Unidas han sido rechazadas en bloque, sumándose al rechazo previo de las enmiendas a la totalidad. Las propuestas de la oposición pretendían movilizar más de 1.000 millones de euros, pero no se ha contemplado la posibilidad de negociar enmiendas transaccionales. La postura de los partidos del gobierno ha sido clara y unánime ante cada iniciativa de la oposición, lo que ha provocado críticas entre los grupos minoritarios.
«No han pasado el rodillo, han pasado motosierra», resumió el diputado socialista Gonzalo Romero en referencia a la falta de diálogo y la firme negativa del ejecutivo a aceptar modificaciones al proyecto.
Las claves fiscales y las reacciones políticas
Uno de los ejes principales del presupuesto para 2026 es la política fiscal. Las cuentas incluyen rebajas tributarias por valor de 43,1 millones de euros, destacando la elevación de los límites para deducciones autonómicas y la reducción de los dos primeros tramos del IRPF. Estas medidas forman parte del acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox, quienes defienden que servirán para impulsar la economía regional y reforzar los servicios públicos.
Por su parte, Vox ha subrayado que el presupuesto prioriza los intereses de los extremeños y elimina lo que denominan «gasto ideológico», con especial énfasis en las áreas bajo su responsabilidad: Agricultura y Desregulación, esta última con rango de Vicepresidencia.
Sin embargo, PSOE y Unidas consideran que estas rebajas fiscales son “insolidarias e injustas” y acusan al ejecutivo de imponer la “agenda ultra” de Vox, señalando especialmente los recortes en partidas destinadas a sindicatos y cooperación. Desde la izquierda advierten, además, que el impacto de las nuevas cuentas será limitado por aprobarse a finales de julio, con previsión de cierre del ejercicio presupuestario en octubre.
Perspectivas para la legislatura
El gobierno regional considera que estos presupuestos son los más ambiciosos y sociales de la historia de Extremadura, orientados a consolidar el crecimiento económico y la mejora de los servicios públicos. Sin embargo, la tensión política y la falta de consenso auguran una legislatura marcada por la división entre los grupos parlamentarios y la polarización sobre el modelo fiscal y social de la región.
- Presupuesto total: 8.854 millones de euros.
- Rebajas fiscales previstas: 43,1 millones de euros.
- Enmiendas de la oposición rechazadas: 622.
- Duración de la sesión parlamentaria: 12 horas.
Con la aprobación de estas cuentas, PP y Vox consolidan su alianza y marcan el rumbo de la política regional para los próximos años, mientras la oposición mantiene su rechazo y advierte de posibles consecuencias sociales y económicas.
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