El Congreso tumba la ampliación de competencias del Instituto de las Mujeres con el rechazo de PP, Vox y Junts

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El Congreso rechaza ampliar competencias del Instituto de las Mujeres con los votos de PP, Vox y Junts

El pleno del Congreso de los Diputados ha desestimado la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE para reforzar el Instituto de las Mujeres. La propuesta, que pretendía ampliar las competencias y la capacidad de actuación de este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, fue rechazada con 174 votos en contra (procedentes de PP, Vox y Junts), 166 a favor y 4 abstenciones del PNV.

Objetivo de la propuesta socialista

La iniciativa parlamentaria del PSOE tenía como finalidad mejorar la protección frente a la discriminación y consolidar las políticas de igualdad en España. Además, buscaba adaptar el Instituto de las Mujeres a las nuevas directivas europeas y actualizar su estructura institucional.

Según defendió la diputada socialista Lidia Guinart, la modernización de este organismo resultaba esencial en un contexto de creciente cuestionamiento de los avances en igualdad y ante la proliferación de discursos misóginos y negacionistas. Guinart subrayó la importancia de dotar al Instituto de las Mujeres de mayores capacidades para afrontar desafíos emergentes como los derivados de la inteligencia artificial, entre ellos el uso de deepfakes, la pornografía, el ciberacoso y la cosificación del cuerpo femenino.

Críticas y argumentos en contra

Desde el Partido Popular, la diputada Silvia Franco expresó dudas sobre la independencia del Instituto de las Mujeres, argumentando que su estructura está supeditada al Gobierno y que la reforma no lo protegería de posibles interferencias políticas.

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Vox, por su parte, consideró que la reforma pretendía reforzar el «entramado ideológico» de las políticas de género. Reyes Romero, portavoz del grupo, criticó que los problemas de las mujeres persisten a pesar del crecimiento de organismos, observatorios y campañas institucionales.

En la misma línea, el diputado de Junts, Jose Pagés, opinó que la propuesta suponía una ampliación de competencias estatales en un contexto autonómico descentralizado, lo que, a su juicio, equivaldría a una mayor politización y contribuiría a la intensificación de las denominadas «guerras culturales».

Apoyos y matices desde la izquierda

Podemos respaldó la tramitación de la iniciativa socialista, defendiendo la necesidad de mantener instituciones fuertes y actualizadas para proteger los derechos de las mujeres. Noemí Santana, representante del grupo, alertó sobre una «ofensiva reaccionaria» que cuestiona la existencia y función de estos organismos. Sin embargo, reconoció que ninguna institución resolverá por sí sola problemas como la discriminación, la precariedad laboral, la brecha salarial o la carga de cuidados que soportan las mujeres.

Desde Sumar, Júlia Boada insistió en la importancia de actualizar el Instituto de las Mujeres para dotarlo de herramientas eficaces ante el aumento de las discriminaciones.

Postura de los grupos nacionalistas y otros partidos

La diputada del PNV, Maribel Vaquero, manifestó preocupación por el posible impacto de la ley sobre el autogobierno vasco, al considerar que la propuesta podría suponer una «erosión silenciosa» de las competencias autonómicas, especialmente en materia de litigación colectiva.

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Por su parte, Bildu defendió la actualización de las políticas de igualdad, pero mostró reticencia a profundizar en lo que denominó «feminismo institucional» por sus limitaciones y su lejanía respecto a las realidades cotidianas. Un argumento compartido por Etna Estrems (ERC), quien destacó la necesidad de seguir avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres, aunque consideró que el sistema actual no responde adecuadamente a los problemas de discriminación o acoso.

Contexto y desafíos futuros

El rechazo de la proposición evidencia la división política en torno a la ampliación de las competencias del Instituto de las Mujeres y el enfoque de las políticas de igualdad en España. El debate parlamentario ha puesto de manifiesto la complejidad de equilibrar la acción estatal con las competencias autonómicas y la necesidad de adaptar las instituciones a los nuevos retos sociales y tecnológicos.

  • La reforma pretendía fortalecer la supervisión de algoritmos, especialmente en sistemas de alto riesgo.
  • El debate incluyó críticas a la politización y a la eficacia de los organismos existentes.
  • Distintos grupos parlamentarios reclamaron una actualización de las políticas de igualdad, aunque con matices sobre el modelo institucional.

En definitiva, la propuesta para reforzar el Instituto de las Mujeres no ha prosperado, dejando pendiente la adaptación de sus competencias y la respuesta institucional frente a los nuevos desafíos en materia de igualdad y lucha contra la discriminación.

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