El ‘caso Montoro’ cumple ocho años sin que el exministro haya declarado ante el juez
La investigación judicial que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, figura destacada del Partido Popular (PP), alcanza ya los ocho años de instrucción. El caso, que examina una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias en torno al despacho Equipo Económico —fundado por el propio Montoro—, mantiene aún numerosas incógnitas y sigue avanzando sin que el exministro haya prestado declaración ante el juez.
- El ‘caso Montoro’ cumple ocho años sin que el exministro haya declarado ante el juez
- Ocho años de pesquisas y un secreto que duró siete
- Origen de la trama: conexiones entre empresas gasistas y el despacho Equipo Económico
- Delitos investigados y red de influencias
- Imputados y conexiones con el Ministerio de Hacienda
- Pagos y operativa bajo investigación
- Estrategia de defensa y situación actual
- Perspectivas y próximos pasos
Ocho años de pesquisas y un secreto que duró siete
El origen del denominado ‘caso Montoro’ se remonta al 2 de agosto de 2018, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, abrió diligencias tras el “hallazgo casual” de un correo electrónico durante una investigación policial. No fue hasta junio de 2025 cuando se levantó el secreto de sumario, dejando al descubierto la envergadura y complejidad de la causa.
Pese a la duración de la instrucción, esta misma semana el magistrado ha decidido prorrogar la investigación seis meses más, señalando que quedan pendientes las declaraciones de 17 investigados, entre ellos el propio Montoro. Hasta la fecha, solo una de las personas llamadas a declarar ha accedido a hacerlo; el resto se ha acogido a su derecho a no declarar, a la espera de resoluciones sobre diversas apelaciones presentadas ante la Audiencia Provincial de Tarragona.
Origen de la trama: conexiones entre empresas gasistas y el despacho Equipo Económico
La investigación se inició a raíz de documentación incautada durante un registro en las sedes de Messer Ibérica de Gases en noviembre de 2017. Este material evidenció supuestas estrategias de presión por parte de varias empresas del sector gasista —agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)— para lograr beneficios fiscales a través de reformas legislativas favorables.
Según los informes policiales, las compañías habrían contratado los servicios del despacho Equipo Económico, aprovechando su acceso e influencia directa en el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de materializar rebajas fiscales en el impuesto eléctrico y, posteriormente, en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
- 2013: Se consiguió una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
- 2018: Reformas legislativas que redujeron la carga fiscal sobre las empresas gasistas en el IAE.
Delitos investigados y red de influencias
El sumario del caso apunta a la posible comisión de delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. El juez describe una organización en la que altos cargos del Gobierno y la Administración central habrían tejido una red de influencias para obtener beneficios económicos a cambio de importantes pagos y el supuesto abuso de la función pública.
La trama gira en torno al despacho Equipo Económico (actualmente Global Afteli), fundado por Montoro, y a varios de sus socios y ex altos cargos de la administración, muchos de los cuales ocupaban puestos de responsabilidad en los ministerios de Comercio, Economía y Hacienda, así como en la Agencia Tributaria.
Imputados y conexiones con el Ministerio de Hacienda
En diciembre de 2021, la investigación llevó a la imputación de Montoro y otras 27 personas. Entre los investigados figuran antiguos secretarios de Estado, directores generales y altos funcionarios que, durante el mandato de Montoro al frente de Hacienda, habrían facilitado la tramitación de las reformas legislativas en beneficio de las empresas clientes de Equipo Económico.
- Miguel Ferre Navarrete (Secretario de Estado de Hacienda 2011-2016)
- Pilar Platero Sanz (Subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos 2011-2016)
- Felipe Martínez Rico (Subsecretario de Hacienda y Función Pública)
- Diego Martín-Abril Calvo (Director general de Tributos 2012-2016)
- José Alberto García Valera (Director general de Tributos 2016-2018)
- José María Buenaventura Zabala (Director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda)
- Santiago Menéndez Menéndez (Director general de la AEAT 2013-2018)
Estos nombres se suman a otros funcionarios y colaboradores que, según la instrucción, participaron activamente en la elaboración y aprobación de las reformas legales objeto de investigación.
Pagos y operativa bajo investigación
La documentación incorporada a la causa revela una operativa compleja de pagos fraccionados, en apariencia vinculados a “primas de éxito” por servicios de consultoría, realizados por las empresas gasistas favorecidas por las reformas fiscales. Estos pagos, según los informes de la Agencia Tributaria, habrían sido camuflados para ocultar su verdadero propósito.
El juez señala que la presencia de altos cargos vinculados a Equipo Económico en puestos clave del Ministerio de Hacienda permitía que los proyectos normativos se adaptasen a las demandas de las empresas, a cambio de contraprestaciones económicas.
Estrategia de defensa y situación actual
En el contexto actual, la defensa de Montoro busca trasladar la causa a Madrid, alegando falta de competencia territorial del juzgado de Tarragona y solicitando la nulidad de la investigación, a la que califica de «desproporcionada».
El caso Montoro se equipara ya en duración y complejidad a otras grandes causas de corrupción en España, como Gürtel, Púnica o Lezo, lo que vuelve a poner de manifiesto la lentitud de los procesos judiciales en casos que afectan a altos cargos políticos.
Perspectivas y próximos pasos
Mientras la instrucción suma ya ocho años y las declaraciones clave siguen pendientes, el caso Montoro continúa ampliando su alcance y manteniendo en vilo tanto a los implicados como a la opinión pública. Las próximas resoluciones judiciales y la posible declaración del exministro serán determinantes para esclarecer una de las tramas de presunta corrupción más relevantes de la última década en España.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
