El fiscal general tenía potestad para eliminar mensajes por seguridad, según testifical en juicio
La comparecencia del fiscal delegado de Protección de Datos ante el tribunal ha despejado las dudas sobre la legitimidad del fiscal general del Estado para eliminar mensajes y correos electrónicos de sus dispositivos personales, en el contexto del juicio por presunta revelación de secretos relacionados con la filtración de información del caso Ayuso.
- El fiscal general tenía potestad para eliminar mensajes por seguridad, según testifical en juicio
- El contexto del juicio al fiscal general
- Declaraciones del fiscal delegado de Protección de Datos
- Obligaciones de seguridad y protección de datos
- El papel de la Fiscalía y las investigaciones internas
- Aclaraciones sobre la nota de prensa de la Fiscalía
- Conclusión
El contexto del juicio al fiscal general
El fiscal general del Estado se enfrenta a una acusación por supuesto delito de revelación de secretos, tras la filtración de la confesión del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Una de las cuestiones centrales del proceso es si el fiscal general tenía la facultad de borrar mensajes y eliminar su cuenta de correo electrónico personal, donde se almacenaban comunicaciones sensibles relacionadas con el caso.
El magistrado instructor, Ángel Hurtado, ha señalado que la eliminación de estos mensajes podría ser un indicio de la filtración, aunque no existen pruebas directas en ese sentido. Las acusaciones han solicitado penas de entre cuatro y seis años de prisión para el fiscal general.
Declaraciones del fiscal delegado de Protección de Datos
En su declaración ante el tribunal, Agustín Hidalgo de Murillo, fiscal delegado de Protección de Datos desde 2018, afirmó que el fiscal general tenía la potestad de destruir la información almacenada en sus dispositivos, especialmente en ausencia de un protocolo claro sobre la gestión de datos en estos casos.
“El fiscal general y los fiscales en general son los responsables de la información que contienen sus dispositivos móviles y, si consideran que no existe una garantía suficiente de que los datos van a ser eliminados adecuadamente, tienen la facultad de destruirlos”, explicó Hidalgo de Murillo. Subrayó además que, en muchas ocasiones, la relevancia de la información almacenada supera la importancia de los propios dispositivos.
- Los fiscales pueden optar por destruir la documentación y los dispositivos en desuso.
- El borrado de datos innecesarios es fundamental para reducir riesgos de brecha de seguridad.
- La normativa de protección de datos no establece un protocolo único, sino que depende de diversas variables.
Obligaciones de seguridad y protección de datos
El fiscal general defendió que la eliminación de información de sus dispositivos respondía a la necesidad de proteger datos sensibles, inherente a su alto cargo, y para evitar riesgos de seguridad que pudieran afectar al Estado.
Hidalgo de Murillo recalcó que la eliminación de datos no necesarios contribuye a minimizar el riesgo de uso fraudulento de la información y, por tanto, a prevenir brechas de seguridad, especialmente cuando se trata de información reservada o sensible.
El papel de la Fiscalía y las investigaciones internas
Durante el interrogatorio, el fiscal delegado de Protección de Datos aclaró que la Fiscalía permite la destrucción de dispositivos y documentación cuando estos ya no se utilizan, como en casos de sustitución por rotura o ascenso. Además, explicó que no se abrió una investigación de oficio por la filtración del correo del 2 de febrero de 2024, ya que este tipo de acciones no se inician sin una petición formal del afectado. “El interesado debe ser proactivo y dirigirse a la Fiscalía, cosa que en este caso no ha ocurrido”, puntualizó.
Aclaraciones sobre la nota de prensa de la Fiscalía
Hidalgo de Murillo también se refirió a la nota de prensa publicada por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, destinada a desmentir informaciones sobre un supuesto pacto con la pareja de Ayuso. Señaló que la publicación de dicha nota no constituye una violación de seguridad, ya que la decisión estaba autorizada y enmarcada en las funciones propias del Ministerio Público.
Conclusión
La declaración del fiscal delegado de Protección de Datos ha sido clave para establecer que, en ausencia de un protocolo específico, el fiscal general tenía la potestad de eliminar mensajes y datos de sus dispositivos por motivos de seguridad. Este aspecto resulta determinante en el proceso judicial que busca dilucidar si existió o no una revelación ilegal de secretos en la gestión de informaciones sensibles relacionadas con la pareja de Ayuso.
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