Sumar exige al Gobierno que frene la extradición de Fergie Chambers en el próximo Consejo de Ministros
La posible extradición de James Cox ‘Fergie’ Chambers, activista estadounidense conocido por su apoyo a la causa palestina, se ha convertido en un asunto de máxima relevancia política en España. Sumar, fuerza política integrante del Gobierno, ha presionado públicamente para que el Consejo de Ministros detenga el proceso antes de que llegue a la fase judicial.
Detención y cargos contra Chambers
Chambers, multimillonario y activista de ideología comunista, fue arrestado el pasado 10 de julio en Ibiza, en cumplimiento de una orden internacional emitida por las autoridades de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Desde entonces, permanece en prisión provisional a la espera de que se resuelva su situación.
El Gobierno estadounidense le imputa delitos de blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para cometer disturbios. Sin embargo, su defensa, encabezada por el exjuez Baltasar Garzón, sostiene que se trata de una persecución motivada por su activismo político en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino.
Argumentos de la defensa y postura de Sumar
El equipo legal de Chambers ha reclamado coherencia al Ejecutivo español, subrayando que el Gobierno mantiene públicamente una posición de apoyo al pueblo palestino. “No se puede criminalizar el apoyo a esta causa, que es precisamente lo que sucede en este caso”, argumentan desde la defensa.
Sumar, a través de su portavoz Enrique Santiago, ha sido tajante: “Es inaceptable que el Ministerio de Justicia eleve otro informe a la Audiencia Nacional que no sea desestimar el proceso de extradición”. Santiago advierte que demorar la decisión y dejar que el caso siga su curso en la Audiencia Nacional supondría mantener a Chambers en prisión durante meses por motivos políticos, y que existe incertidumbre sobre quién podría estar al frente del Gobierno cuando llegue el fallo definitivo.
La facultad del Gobierno en el proceso de extradición
Según la Ley de Extradición Pasiva, el Gobierno español tiene la potestad de paralizar una extradición antes de que esta sea examinada judicialmente. También, tras la fase judicial en la Audiencia Nacional, el Ejecutivo vuelve a tener la decisión final sobre la entrega del detenido.
Este martes, el Consejo de Ministros debe decidir si frena la extradición de Chambers y evita así que el caso llegue a la Audiencia Nacional. El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, ha rehusado realizar declaraciones públicas al respecto. Por su parte, los ministros de Sumar han presentado observaciones formales apoyando los argumentos de la defensa.
Principales alegaciones de la defensa
- Falta de doble incriminación: La defensa sostiene que los delitos imputados (blanqueo, disturbios y conspiración para cometer disturbios) no son equiparables a figuras delictivas en la legislación española según la descripción de la solicitud de extradición, motivo por el cual debería rechazarse la petición.
- Motivación política: Argumentan que la persecución judicial responde a la participación de Chambers en protestas contra una empresa armamentística vinculada a Israel. Además, denuncian que la acusación utiliza declaraciones públicas y contactos políticos del activista para fundamentar su imputación.
En cuanto a la acusación de blanqueo internacional de capitales, las autoridades estadounidenses le atribuyen transferencias de unos 7,5 millones de dólares a Túnez supuestamente destinadas a promover actividades ilícitas. La defensa argumenta que los fondos procedían del patrimonio personal de Chambers y se destinaron legalmente al club deportivo Africain para saldar deudas y abonar salarios, así como a organizaciones humanitarias como Middle East Children’s Alliance, Project Sameer, People’s Health Movement, Project Zaynab y Ghassan Abu Sittah Children’s Fund.
Decisión inminente y contexto político
La resolución del Consejo de Ministros prevista para este martes será clave en el futuro del activista. Sumar insiste en que el Ejecutivo debe actuar con firmeza y coherencia con sus principios, tal como ha hecho en otros casos amparándose en la Ley de Extradición Pasiva.
El caso de Fergie Chambers pone de manifiesto el delicado equilibrio entre la cooperación internacional en materia judicial y la defensa de los derechos fundamentales, especialmente cuando entran en juego causas políticas y humanitarias.
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