Sumar pide al Congreso que la UE condene las sanciones de EE UU contra la Corte Penal Internacional

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Sumar impulsa en el Congreso la condena de la UE a las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional y Francesca Albanese

El grupo parlamentario Sumar ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados con el objetivo de que el Gobierno promueva una respuesta firme de la Unión Europea frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) y la relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese.

Evaluación de la coerción económica y protección de los afectados

La iniciativa registrada por Sumar solicita que la Comisión Europea evalúe si estas sanciones pueden considerarse un caso de «coerción económica» ejercida por un tercer país, en línea con el Reglamento europeo 2023/2675. Este reglamento define la coerción económica como cualquier medida adoptada por un país externo con el propósito de influir o modificar decisiones de la Unión o de sus Estados miembros, especialmente cuando afectan intereses fundamentales o ciudadanos europeos.

Sumar propone también que se activen los mecanismos previstos en la normativa europea para contrarrestar los efectos de las sanciones dentro del territorio de la UE y proteger eficazmente a los ciudadanos afectados. Además, la formación reafirma el compromiso de España con el sistema de justicia internacional y con los organismos de Naciones Unidas.

Impacto de las sanciones y denuncia del carácter intimidatorio

Según expone Sumar, las sanciones estadounidenses no solo representan un ataque directo contra la justicia internacional y el sistema de Naciones Unidas, sino que afectan de manera significativa a ciudadanos europeos y a los intereses fundamentales de la Unión Europea. El texto presentado sostiene que estas medidas fueron adoptadas como represalia tras la cooperación con la CPI y las decisiones judiciales relacionadas con la investigación de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

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La formación subraya que el carácter de las sanciones es intimidatorio y busca influir en la labor jurisdiccional de la Corte. Como han alertado los propios jueces afectados, las sanciones han generado graves perjuicios económicos, ya que impiden el acceso a servicios bancarios, plataformas digitales, medios de pago, alojamiento, transporte y comercio electrónico. Incluso se han cerrado cuentas bancarias y se han bloqueado transacciones internacionales dentro del espacio comunitario, lo que Sumar considera una sanción extrajudicial y arbitraria.

El artículo 2 del Reglamento 2023/2675 establece que la coerción económica se produce cuando un país tercero adopta medidas que afectan al comercio o la inversión con el fin de influir en las decisiones de la UE o de sus Estados miembros. Asimismo, el artículo 4 otorga a la Comisión Europea la capacidad de determinar la existencia de dicha coerción, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad, duración y alcance de las medidas, así como su impacto sobre personas y entidades europeas.

Sumar también denuncia la situación de los presos palestinos

Paralelamente, Sumar ha presentado otra proposición no de ley en la que urge al Gobierno de España a condenar con firmeza la situación de los palestinos detenidos bajo custodia israelí. El grupo reclama el acceso inmediato y sin restricciones de organizaciones humanitarias y de derechos humanos independientes a los centros de detención y prisiones, así como la entrada urgente y regular del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Según la iniciativa, tras el anuncio de Estados Unidos de la segunda fase del Plan de Paz para Gaza, se ha producido una violación sistemática de las condiciones pactadas en la primera fase. Los ataques israelíes han causado la muerte de cerca de 600 palestinos y han dejado más de 1.500 heridos, según datos recogidos por Sumar.

Grave crisis humanitaria en Gaza

Desde octubre de 2023, la cifra de víctimas supera los 72.000 fallecidos y 171.000 heridos. Además, 100.000 personas continúan viviendo en condiciones humanitarias críticas y los niveles de hambre siguen siendo alarmantes. El texto también denuncia detenciones masivas, torturas y violencia sexual contra mujeres privadas de libertad, haciendo mención a casos emblemáticos como el del pediatra Hussam Abu Safiya y el dirigente palestino Marwan Barghouti. Sumar exige el pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario y la protección de los derechos de los presos palestinos.

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  • Evaluar la consideración de las sanciones estadounidenses como coerción económica contra la UE.
  • Activar mecanismos europeos de protección a los afectados.
  • Condenar la situación de los presos palestinos y exigir el acceso humanitario a los centros de detención.
  • Reafirmar el compromiso con la CPI y el sistema de Naciones Unidas.

Las propuestas de Sumar reflejan la preocupación creciente por el respeto a la justicia internacional y los derechos humanos en un contexto de tensión diplomática y crisis humanitaria en Oriente Próximo.

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