Entrevista a Stella Schnabel: «EEUU está rastreando las opiniones políticas de Chambers en redes como un periodista de cotilleos»
El caso de James Cox Fergie Chambers Jr, empresario estadounidense de origen influyente y conocido por su activismo propalestino, ha despertado una oleada de reacciones tanto en España como a nivel internacional. Detenido en Ibiza el pasado mes de julio a petición de Estados Unidos, Chambers se enfrenta a una posible extradición por cargos de financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y conspiración, unas acusaciones que su entorno califica de «persecución política».
Un arresto con trasfondo político
Chambers, heredero de la familia propietaria del conglomerado Cox Enterprises, decidió romper lazos con su entorno familiar en 2023 tras posicionarse públicamente a favor de la causa palestina. Antes de alejarse, percibió su parte de la herencia, recursos que en su mayoría destinó a financiar proyectos sociales en la Franja de Gaza, como The Sameer Project (TSP), dedicado a impulsar panaderías y cocinas comunitarias en el enclave palestino.
A pesar de las acusaciones del Gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, la defensa de Chambers insiste en que hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que demuestren un vínculo directo entre las donaciones y la financiación de actividades ilegales. El 28 de septiembre, Chambers comparecerá ante la Audiencia Nacional española, donde deberá decidir si acepta o rechaza su extradición a Estados Unidos.
Visión desde el entorno cercano
Stella Schnabel, actriz y pareja de Chambers, ha manifestado su preocupación por el proceso judicial y la situación personal que atraviesa la familia. En una entrevista, Schnabel acusa a las autoridades estadounidenses de basar parte de la acusación en el seguimiento de opiniones políticas de Chambers en redes sociales, comparando su proceder con el de un periodista de cotilleos.
Según Schnabel, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría empleado publicaciones políticas y transferencias bancarias legítimas como base de la acusación, sin aportar pruebas sólidas de actividades ilícitas. En palabras de Schnabel: «Presentan transferencias a Túnez, pero todo el país sabe que ese dinero era para un club de fútbol. ¿De qué pruebas hablan?».
Reacción política en España
El gobierno español tuvo la oportunidad de bloquear la extradición en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 23 de septiembre, pero finalmente permitió que el procedimiento siguiera su curso judicial. Schnabel destaca el apoyo de partidos como Sumar, que se mostró más firme que el PSOE en su oposición a la extradición, aunque considera que «debemos hacerlo mejor cuando enfrentamos la tormenta».
Un proceso largo y complejo
El entorno de Chambers se prepara para un proceso que podría prolongarse durante años, como ocurrió en casos similares, como el de Julian Assange. Schnabel asegura que cuentan con el respaldo de numerosas personas y que continuarán luchando para mantener la voluntad y la integridad de Chambers ante lo que consideran una persecución política con motivaciones geopolíticas.
- Chambers lleva dos meses en prisión preventiva bajo estrictas condiciones de seguridad.
- Sus visitas familiares están limitadas a una o dos veces por semana.
- La familia denuncia aislamiento y dificultad para mantener el contacto regular.
Impacto emocional y situación personal
La detención prolongada ha tenido un impacto significativo en la familia. Schnabel, embarazada, describe la situación como extremadamente difícil tanto para ella como para los hijos de Chambers. Asegura que el empresario «siempre ha destacado por su sentido de la justicia» y que ahora se encuentra «literalmente encerrado tras muros, acusado de un delito que no ha cometido».
El caso de Chambers se ha convertido en un símbolo del debate sobre los límites del activismo político, la financiación internacional y el papel de los gobiernos en la protección de derechos fundamentales frente a presiones externas. La resolución del proceso en la Audiencia Nacional será clave para determinar el futuro de uno de los casos más controvertidos del año en el ámbito de los derechos humanos y la política internacional.
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