Sindicatos policiales exigen a Peinado que rectifique tras insinuar posible ayuda policial a una fuga de Begoña Gómez
Los principales sindicatos de la Policía Nacional, Jupol y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), han solicitado una «rectificación» al juez Juan Carlos Peinado tras sus declaraciones en las que plantea la posibilidad de que agentes policiales asignados a la escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, puedan facilitar su huida de la justicia.
Polémica por las afirmaciones judiciales
El juez Peinado, encargado de instruir el caso de Begoña Gómez, decidió el pasado sábado enviar a juicio a la esposa del presidente Pedro Sánchez. Además, estableció como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
En su auto, el magistrado justificó estas medidas argumentando que los agentes encargados de la seguridad de Gómez “en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la Justicia”.
Respuesta de los sindicatos policiales
Jupol respondió a estas declaraciones mediante un comunicado en el que calificó de “auténtica barbaridad” sugerir que miembros de la Policía Nacional, en particular los adscritos a la protección de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier acción encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia.
El sindicato consideró que “poner en duda la actuación” de estos agentes “carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”. Desde Jupol se subraya que los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley, garantizando la protección y seguridad de las autoridades asignadas, siempre bajo los principios de profesionalidad, neutralidad y estricto cumplimiento de la legislación vigente.
- Piden una rectificación de las declaraciones del magistrado.
- Defienden la trayectoria y profesionalidad de los agentes.
- Reclaman preservar la confianza y el buen nombre de las fuerzas policiales.
Según Jupol, “la confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”.
SUP muestra su preocupación ante las hipótesis del juez
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también expresó su rechazo a las palabras del juez, considerando “especialmente preocupante” que se planteen hipótesis sobre una posible colaboración de los agentes en actuaciones contrarias a la justicia, ya sea por iniciativa propia o por supuestas órdenes jerárquicas.
El SUP subrayó en su comunicado que los policías nacionales “no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales”, recordando que el ordenamiento jurídico español obliga a todo funcionario público a actuar siempre dentro de la legalidad.
Además, el SUP incidió en que el prestigio de la Policía Nacional se basa en la confianza de la sociedad hacia sus profesionales, y que dicha confianza “no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas que, sin individualizar conductas concretas ni apoyarse en indicios determinados, proyecten sobre miles de agentes una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente”.
- Apoyo a los policías de las unidades de protección.
- Rechazo a cualquier manifestación que ponga en duda la profesionalidad e integridad de los agentes.
- Defensa de la lealtad institucional y el sometimiento a la legalidad.
Un debate sobre la imagen y confianza en las instituciones
Las reacciones de ambos sindicatos ponen de manifiesto la preocupación existente en el seno de la Policía Nacional por la imagen pública del cuerpo y por las implicaciones que pueden tener determinadas afirmaciones judiciales sobre la labor y la profesionalidad de los agentes. Tanto Jupol como SUP insisten en la necesidad de preservar la confianza ciudadana en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas.
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