La revalorización de las pensiones bajo los gobiernos de Rajoy y Sánchez
La actualización de las pensiones en España ha estado marcada en los últimos años por la situación de los Presupuestos Generales del Estado y el contexto político en el Congreso de los Diputados. Tanto durante los mandatos de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez, las fórmulas para acordar la subida anual de las pensiones han variado en función de la estabilidad parlamentaria y la coyuntura económica.
- La revalorización de las pensiones bajo los gobiernos de Rajoy y Sánchez
- El impacto de la ausencia de Presupuestos Generales
- Negociaciones y decretos ómnibus bajo Pedro Sánchez
- El papel de los grupos parlamentarios
- Una etapa de mayor estabilidad: 2021-2023
- Los primeros años de Sánchez y los antecedentes con Rajoy
- Comparativa de los modelos de revalorización
- Conclusión
El impacto de la ausencia de Presupuestos Generales
La falta de Presupuestos Generales complica la gestión gubernamental, obligando al Ejecutivo a buscar apoyos parlamentarios para sacar adelante medidas clave como la revalorización de las pensiones. En circunstancias normales, si existen cuentas públicas actualizadas, la ley presupuestaria determina el aumento de las pensiones, que se aprueba en Consejo de Ministros sin necesidad de votación en la Cámara Baja.
Sin embargo, desde 2022 España opera con presupuestos prorrogados, lo que fuerza al Gobierno a negociar y aprobar decretos específicos en el Congreso para garantizar la subida de las pensiones. Así ha sucedido tanto al inicio de 2025 como en el arranque de 2026, donde la falta de una mayoría clara ha dificultado el proceso.
Negociaciones y decretos ómnibus bajo Pedro Sánchez
Durante los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido de forma habitual a los llamados «decretos ómnibus» para incluir la revalorización de las pensiones junto a otras medidas sociales. En diciembre de 2023, por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley que, además de la subida de las pensiones, contenía iniciativas para paliar el impacto de los conflictos internacionales en la economía española. En ese caso, el decreto fue convalidado a la primera.
No obstante, en otras ocasiones, como ocurrió en 2025 y 2026, el Gobierno no logró reunir suficientes apoyos en la primera votación, viéndose obligado a modificar los decretos y retirar algunas medidas, especialmente aquellas de carácter fiscal, para conseguir finalmente su aprobación. Aun así, se mantuvieron aspectos esenciales como la subida de las pensiones, ayudas a afectados por catástrofes, descuentos en el transporte público y la protección de personas vulnerables ante cortes de suministros o desahucios.
El papel de los grupos parlamentarios
La exigencia de partidos como Junts per Catalunya o el Partido Popular de votar de forma individualizada la revalorización de las pensiones ha añadido complejidad a la negociación. Ambas formaciones han presentado iniciativas para que la subida se debata y vote de manera separada, manteniendo una posición firme al respecto.
Una etapa de mayor estabilidad: 2021-2023
La coalición formada por PSOE y Unidas Podemos vivió un periodo menos convulso entre 2021 y 2023, cuando logró aprobar los Presupuestos Generales en cada ejercicio. Esto permitió que la revalorización de las pensiones se resolviera directamente en el Consejo de Ministros, sin necesidad de complejas negociaciones parlamentarias. En 2023, la subida alcanzó el 8,5%, el mayor incremento registrado hasta la fecha.
Los primeros años de Sánchez y los antecedentes con Rajoy
En los primeros años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, la falta de apoyo parlamentario obligó a recurrir también a los Reales Decretos-Ley para la actualización de las pensiones y otras medidas sociales y laborales. En 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se aprobaron unos presupuestos que luego fueron prorrogados, siguiendo la tónica de decretos para revalorizar las pensiones en los años posteriores.
Durante el mandato de Mariano Rajoy, especialmente entre 2011 y 2015, el Gobierno contó con mayoría absoluta, lo que facilitó la aprobación de los Presupuestos y la gestión de las pensiones. Sin embargo, en 2012, en un contexto de crisis económica, Rajoy impulsó un Real Decreto-Ley que modificaba la revalorización de las pensiones, decidiendo no compensarlas con el desvío del IPC, lo que generó fuertes críticas de la oposición.
Ese mismo decreto autorizó el uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para los años 2012, 2013 y 2014. Posteriormente, en diciembre de 2013, el Gobierno popular aprobó una ley que desvinculaba por completo las pensiones del IPC y fijaba el Índice de Revalorización de las Pensiones como nuevo parámetro, estableciendo un mínimo de subida del 0,25%. Así, entre 2014 y 2017, las pensiones aumentaron solo ese 0,25%, salvo en 2017, cuando la aprobación de los Presupuestos se retrasó.
Comparativa de los modelos de revalorización
-
Bajo el gobierno de Rajoy:
- Subidas mínimas del 0,25% entre 2014 y 2017 por la aplicación del nuevo índice.
- Desvinculación de las pensiones del IPC.
- Uso del Fondo de Reserva en años de crisis.
-
Bajo el gobierno de Sánchez:
- Incrementos acordes al IPC en la mayoría de los ejercicios recientes.
- Subidas históricas como la de 2023 (8,5%).
- Frecuente uso de Reales Decretos-Ley para sacar adelante las subidas en ausencia de presupuestos.
Conclusión
La revalorización de las pensiones en España ha estado condicionada por factores económicos, la estabilidad política y la existencia o no de Presupuestos Generales. Mientras que los gobiernos con mayoría han optado por subidas automáticas a través de los presupuestos, los periodos de mayor fragmentación parlamentaria han obligado a recurrir al debate y la negociación, reflejando la importancia central de las pensiones en la política social española.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
