Los primeros investigados del ‘caso Montoro’ se acogen a su derecho a no declarar
En la primera jornada de comparecencias ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, los dos primeros directivos citados como investigados en el denominado ‘caso Montoro’ han optado por no declarar ante el juez. Esta decisión se produce en un contexto marcado por la complejidad y la relevancia de la causa, que lleva años bajo investigación judicial y ha salpicado a destacados exresponsables políticos y empresariales.
Directivos de Praxair España, en el centro de la investigación
Los investigados, Eduardo G.E., quien fue presidente de Praxair Europa y director general de Praxair España y Portugal, y Jacobina E.E., exresponsable fiscal de la compañía para ambos países, comparecieron este martes en calidad de imputados. Praxair España S.L. es una de las compañías gasistas señaladas en la investigación por presuntamente realizar pagos al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, con el objetivo de lograr reformas legislativas favorables.
Según fuentes judiciales, ambos directivos se acogieron a su derecho a no declarar. La defensa argumentó que la decisión se debe a que aún están pendientes de resolverse varios recursos presentados ante la Audiencia de Tarragona. Entre estos recursos figura la solicitud de nulidad de la causa y la petición de que la instrucción se traslade a la Audiencia Nacional, lo que podría suponer un giro en el procedimiento.
Pagos y reuniones bajo sospecha
El sumario del caso detalla que la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), presidida por Eduardo G.E., habría realizado pagos a Equipo Económico por un total de 779.705 euros entre 2011 y 2019. Estos pagos habrían tenido como finalidad influir en reformas legislativas que favorecieran al sector gasista.
Los documentos judiciales recogen que Eduardo G.E. participó en una videoconferencia celebrada el 25 de octubre de 2013, en la que se acordó la contratación de Equipo Económico, así como los plazos y condiciones para la elaboración de informes dirigidos al Ministerio de Hacienda. Además, el directivo asistió a reuniones celebradas en la sede del despacho los días 5 y 12 de diciembre de ese mismo año, y el 4 de marzo de 2014 mantuvo un encuentro con Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda.
Por su parte, Jacobina E.E. era la responsable fiscal de Praxair España y Portugal durante el periodo investigado. Según el sumario, fue la encargada de elaborar propuestas para presentar ante el secretario de Estado de Hacienda y participó en reuniones con la Dirección General de Tributos, en las que recibió información sobre la próxima publicación de un reglamento clave para los intereses de la compañía.
El papel de Montoro en la trama
La investigación sostiene que Cristóbal Montoro desempeñó un papel central en una supuesta red dirigida a modificar normativas fiscales en beneficio de intereses empresariales. El juez instructor destaca que el exministro habría utilizado su posición como autoridad máxima en Hacienda para garantizar resultados favorables a clientes de su despacho, Equipo Económico, a cambio de compensaciones económicas.
Montoro, que ocupó la cartera de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018), solicitó su baja como afiliado del Partido Popular tras conocerse su imputación en esta causa. La investigación, mantenida bajo secreto durante siete años, le atribuye presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Próximos pasos en el proceso judicial
La instrucción del caso continúa su curso a la espera de que la Audiencia de Tarragona resuelva los recursos presentados por las defensas. En función de estas decisiones, la causa podría experimentar importantes cambios en su tramitación, incluyendo su posible traslado a la Audiencia Nacional.
- El caso investiga presuntos pagos a cambio de favores legislativos.
- Los directivos de Praxair España han optado por no declarar hasta que se resuelvan los recursos.
- Montoro y su equipo están imputados por varios delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias.
La evolución de este proceso judicial será clave para esclarecer la posible existencia de una trama de corrupción en el seno del Ministerio de Hacienda y su impacto en la elaboración de leyes en beneficio de determinados sectores empresariales.
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