Isabel Perelló responde a las críticas por ‘lawfare’: “La gravedad aumenta cuando provienen de responsables institucionales”
En la solemne apertura del año judicial celebrada este jueves en Madrid, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha defendido la independencia de los jueces frente a las recientes críticas por presunto ‘lawfare’, el uso político de procedimientos judiciales. Perelló ha reclamado “lealtad institucional” y respeto a la función que la Constitución otorga al Poder Judicial como “contrapeso real” de los demás poderes del Estado.
Críticas sí, pero con límites
Durante su intervención, Perelló reconoció la legitimidad de la crítica a las resoluciones judiciales, subrayando que “puede discutirse la interpretación de la norma, la valoración de la prueba o la solidez del razonamiento”. Según la presidenta del TS, el análisis público y fundado de las decisiones judiciales contribuye a mejorar la Justicia, incluso cuando es severo.
No obstante, advirtió que la crítica jurídica “no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos”, simplemente por disentir con lo resuelto. Para Perelló, cuestionar la imparcialidad de los jueces atenta contra la esencia de la función judicial encomendada por la Constitución.
Acusaciones de ‘lawfare’: una gravedad extraordinaria
La presidenta del Supremo hizo hincapié en el riesgo de generalizar acusaciones sobre que jueces y tribunales actúan por motivaciones políticas, y no jurídicas. “Se trata de imputaciones de extraordinaria gravedad, que pueden llegar a suponer la atribución de conductas delictivas”, advirtió Perelló. Señaló que tales acusaciones ponen en duda que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y ponen en peligro los fundamentos del Estado de Derecho.
En este contexto, Perelló recordó las advertencias recientes del presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, quien alertó sobre cómo estos ataques pueden “socavar” el Estado de Derecho. “Cuando la crítica se transforma en descalificación personal hacia el juez, el daño trasciende al asunto concreto y debilita la confianza ciudadana en la Justicia”, afirmó.
Señalamiento a responsables institucionales
La intervención de Perelló incluyó una mención directa a los reproches de miembros del Gobierno y dirigentes políticos hacia la labor de determinados jueces, en especial al instructor del caso Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado, quien ha estado en el centro de la polémica por decisiones contestadas por instancias superiores.
“No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”, aseveró Perelló. A su juicio, la lealtad institucional es un principio estructural del Estado constitucional y exige que cada poder público actúe dentro de su ámbito, reconociendo la legitimidad y función del resto.
Lealtad institucional y separación de poderes
Perelló subrayó que la lealtad institucional “no es una simple deferencia política, sino una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de Derecho”. Insistió en que la función jurisdiccional debe ser respetada como un auténtico contrapeso de los otros poderes del Estado, tal y como establece la teoría constitucional de la separación de poderes.
Según la presidenta del Supremo, el desacuerdo legítimo nunca debe erosionar el respeto a la función constitucional de los tribunales. Igualmente, recordó que la independencia judicial no exime a los jueces de considerar la trascendencia que sus decisiones pueden tener para los derechos e intereses de la ciudadanía, y apeló a la prudencia en sus intervenciones públicas.
Percepción social y confianza ciudadana
En su discurso, Perelló no abordó las recientes encuestas que reflejan una creciente desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indica que un 76,9% de los españoles cree que en los procesos judiciales que afectan a partidos políticos la Justicia no siempre es imparcial. Otros estudios, como el del Instituto 40dB y un sondeo de Ipsos para La Vanguardia, apuntan que una mayoría significativa de la población percibe la existencia de ‘lawfare’ y considera que algunos jueces actúan movidos por intereses políticos.
- El 76,9% de los españoles percibe falta de imparcialidad en causas políticas, según el CIS.
- Más del 65% cree que existe ‘lawfare’ en España (Instituto 40dB).
- Sólo el 40% opina que los jueces son imparciales (40dB).
- El 60% considera que hay jueces haciendo política (Ipsos-La Vanguardia).
Pese a este contexto, Perelló defendió la labor de los jueces y la confianza ciudadana en la Justicia: “A pesar de las descalificaciones, los ciudadanos confían en nuestra labor, en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela de sus derechos y libertades, y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna”, concluyó.
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