Pedro Antonio Sánchez solicita anular su condena y prepara petición de indulto
El expresidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (Partido Popular), condenado por delitos de prevaricación y falsedad, ha iniciado una serie de acciones judiciales y administrativas con el objetivo de anular su sentencia. Sánchez, quien fue sentenciado a tres años de prisión y a 17 años de inhabilitación, ha presentado ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad y planea interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, así como solicitar un indulto al Gobierno de España.
Defensa y argumentos para la nulidad
Según fuentes de la defensa, la Audiencia Provincial de Murcia ya ha sido informada de la presentación del incidente de nulidad ante el Supremo, que el pasado 24 de septiembre ratificó la condena impuesta en marzo de 2023. Los delitos se remontan al periodo en que Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras y están relacionados con el proyecto de construcción del auditorio municipal, financiado con una subvención de seis millones de euros por parte de la Comunidad Autónoma.
Entre los argumentos presentados, la defensa subraya que «no hay peligro de reincidencia», dado que Pedro Antonio Sánchez no ostenta ningún cargo público desde hace años. Además, insisten en que los hechos juzgados ocurrieron hace dos décadas.
Solicitud de suspensión de la condena
A la espera de la resolución de los tres procedimientos —nulidad ante el Supremo, recurso de amparo ante el Constitucional e indulto al Ejecutivo central—, la defensa ha solicitado que se paralice la ejecución de la pena. Esto incluye los tres años de prisión, los 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, y el pago de una multa de 3.600 euros.
El caso auditorio y su impacto político
El conocido como caso auditorio provocó la dimisión de Pedro Antonio Sánchez en abril de 2017. El proceso judicial se centró en la tramitación del proyecto del auditorio municipal de Puerto Lumbreras, iniciado en 2006. La sentencia determinó que el entonces alcalde encargó verbalmente, sin expediente de contratación, la redacción de proyectos a un arquitecto para solicitar la subvención autonómica, aunque dichos documentos no llegaron a registrarse oficialmente en el Ayuntamiento.
Además de este caso, Sánchez también fue investigado por su etapa como alcalde en el denominado caso Pasarelas, que fue archivado en 2018 por dilaciones indebidas, y en el caso Púnica, que quedó archivado en 2019 por falta de pruebas.
Condenas a otros implicados
El Tribunal Supremo confirmó también la condena al arquitecto Martín Lejarraga, con 16 años y medio de inhabilitación, y a la secretaria del Ayuntamiento, con 15 años y medio, aunque el alto tribunal ha solicitado precisar los cargos para los que se aplica la inhabilitación.
- Pedro Antonio Sánchez: 3 años de prisión, 17 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 3.600 euros.
- Martín Lejarraga (arquitecto): 16 años y medio de inhabilitación.
- Secretaria del Ayuntamiento: 15 años y medio de inhabilitación.
Próximos pasos judiciales
La defensa de Sánchez se mantiene a la espera de la resolución de los procedimientos presentados, mientras insiste en la suspensión de la condena hasta que se resuelvan todas las instancias judiciales y administrativas. El desarrollo de estos recursos será clave para conocer el futuro judicial y político del exmandatario murciano.
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