La oposición andaluza rechaza que Vox gestione competencias sobre violencia de género
Las formaciones de la oposición en Andalucía —PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía— han manifestado su firme rechazo a la decisión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, de otorgar a Vox la responsabilidad de gestionar competencias relacionadas con la violencia de género en el ámbito de la administración de Justicia. Esta medida ha suscitado una oleada de críticas, al considerar que pone en peligro la protección de las víctimas y responde a intereses políticos para mantener el actual gobierno autonómico.
Controversia tras el nombramiento de Manuel Gavira
El reciente nombramiento de Manuel Gavira, representante de Vox, como vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, incluye entre sus funciones la gestión de servicios vinculados a la violencia de género en su relación con la Justicia. Las fuerzas de la oposición consideran inaceptable que estas competencias recaigan sobre un partido que, según denuncian, niega la existencia de la violencia machista.
Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo socialista, ha instado a Moreno Bonilla a revertir esta decisión “por respeto a las mujeres asesinadas y en situación de peligro”. Férriz ha calificado de “intolerable e indecente” que la protección a las víctimas esté en manos de quienes, según sus palabras, “niegan y blanquean” esta problemática.
Por su parte, Olga Manzano, también del PSOE-A y secretaria de Igualdad, ha alertado en redes sociales sobre el riesgo que supone para los derechos de las mujeres que “quien niega la violencia machista controle las medidas y a los profesionales encargados de la protección”.
Preocupación y vigilancia por parte de Adelante Andalucía y Por Andalucía
Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García ha calificado la medida de “peligrosa e irresponsable” y ha anunciado que su formación estará “muy vigilante” para evitar cualquier retroceso en la lucha contra la violencia de género y en los derechos de las mujeres andaluzas.
Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, ha acusado al Partido Popular de “asumir la agenda de la extrema derecha” y de “pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres”. Maíllo denuncia que entregar el servicio de valoración de víctimas a Vox supone un grave retroceso en materia de igualdad.
Rosa Rodríguez, portavoz adjunta de la coalición, ha advertido sobre la “irresponsabilidad” de cuestionar la labor de los profesionales que atienden a las víctimas, únicamente para “complacer a quienes niegan sistemáticamente la violencia machista”. Rodríguez ha defendido la necesidad de consensos amplios, recursos garantizados y respeto al criterio técnico y científico en la lucha contra esta lacra.
Exigencias al liderazgo nacional del PP
El PSOE-A reclama la intervención inmediata de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, para frenar este acuerdo, advirtiendo que la seguridad de miles de mujeres andaluzas y de sus familias está en juego. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha señalado que “la integridad y la seguridad de las mujeres no pueden quedar en manos de negacionistas”, y que de no rectificar, el PP avalaría un “proyecto que atenta directamente contra los derechos de las mujeres”.
Los socialistas insisten en que la gestión de la valoración de las víctimas de violencia de género por parte de Vox podría traducirse en la alteración o supresión de protocolos de actuación y en el control de los profesionales encargados de la protección, lo que supondría un retroceso en la atención a las mujeres afectadas.
Competencias adicionales de la Consejería de Vox
Además de las competencias sobre violencia de género en el ámbito judicial, la Consejería liderada por Manuel Gavira asume otras áreas clave, entre ellas:
- La mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos, sin perjuicio de competencias de otros órganos.
- La gestión de notariado y registros públicos, colegios profesionales, fundaciones y asociaciones.
- Justicia juvenil.
- Atención a víctimas de terrorismo y de otros delitos, dentro de los límites establecidos por otros órganos.
- Relaciones institucionales con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
Un debate que trasciende Andalucía
La decisión del gobierno andaluz de integrar a Vox en áreas sensibles como la violencia de género ha generado un intenso debate político y social. Las fuerzas de la oposición alertan de que este pacto puede sentar un precedente peligroso para el avance de los derechos de las mujeres, mientras reclaman garantías institucionales y políticas para asegurar la protección efectiva de las víctimas.
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