Ministros y PSOE responden en los tribunales a las acusaciones de Aldama
Los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres han iniciado acciones legales contra el empresario Víctor de Aldama, con el objetivo de defender su honor ante las acusaciones vertidas en el marco del conocido como «caso mascarillas». Paralelamente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo para presentar una querella por injurias y calumnias contra el empresario.
Reacción inmediata ante las acusaciones
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha sido contundente al negar cualquier vinculación con Aldama. «No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. No tengo ni su móvil ni de la persona que dice ser su portavoz», afirmó ante los medios. La respuesta de Bolaños llega después de que Aldama asegurara en un programa de televisión que el ministro le habría ofrecido «mucho dinero» para guardar silencio, motivo por el cual Bolaños presentó una demanda la semana pasada.
La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE frente a este caso y otros relacionados, como los que implican a José Luis Ábalos o Koldo García, ha sido clara: el contraataque judicial. A la demanda de Bolaños se suma la presentada por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien también ha optado por la vía judicial para defender su derecho al honor.
Demandas por intromisión al honor
La demanda civil de Bolaños, presentada en un juzgado de Madrid, argumenta que las declaraciones de Aldama constituyen una «intromisión ilegítima en el derecho al honor». En el documento, se solicita que Aldama publique la sentencia en sus redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), y que indemnice al ministro con 70.000 euros por daños y perjuicios.
El texto de la demanda resalta las contradicciones en las declaraciones públicas de Aldama. Por ejemplo, en una entrevista radiofónica en 2024, Aldama negó conocer a Bolaños, en contraste con sus afirmaciones previas en televisión. Además, la demanda recopila el eco mediático de las declaraciones de Aldama, difundidas en numerosos medios digitales, televisivos y radiofónicos.
Por su parte, Ángel Víctor Torres presentó su demanda en noviembre del año pasado en un juzgado de Arucas, Gran Canaria. Tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Torres insistió en que ninguna de las acusaciones en su contra tenía fundamento. Durante el juicio por el caso mascarillas, Aldama negó que Torres hubiera solicitado o recibido comisión alguna.
El PSOE prepara acciones ante el Tribunal Supremo
El PSOE anunció en noviembre de 2024 su intención de presentar una querella conjunta por injurias y calumnias contra Aldama, con la firma de destacados dirigentes socialistas, entre ellos Pedro Sánchez, Salvador Illa, María Jesús Montero y Santos Cerdán. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó inicialmente la iniciativa por motivos procesales, al considerar que debía esperarse al cierre de la fase de declaraciones.
Tras las nuevas acusaciones de Aldama en sede judicial la semana pasada, desde la sede socialista de Ferraz se ha informado que volverán a solicitar autorización al Tribunal Supremo para proceder legalmente contra el empresario. «No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE. Solo existen las mentiras de Aldama», subrayan fuentes del partido.
El contexto político y la postura del PP
En paralelo, el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha dado crédito a las acusaciones de Aldama sin que existan pruebas concluyentes. Feijóo llegó a afirmar en un acto electoral que, si Sánchez no presentaba una querella, ello debía interpretarse como una confirmación de los hechos denunciados por Aldama, acusando al PSOE de corrupción y tráfico de influencias. Desde el PSOE, la respuesta ha sido tajante, reiterando que acudirán a la justicia y criticando la actitud de Feijóo por dar credibilidad a personas investigadas.
El juicio del caso mascarillas y la Operación Kitchen
Desde Moncloa insisten en que el juicio por el caso mascarillas demuestra que la presunta corrupción se limita a un número reducido de personas y que no existía una práctica institucionalizada ni dentro del partido ni en el Gobierno. «No es un caso de corrupción ni en el partido ni en el Gobierno. No era una práctica avalada por la estructura, todo lo contrario: se escondieron para delinquir», aseguran fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo también ha hecho referencia al juicio de la Operación Kitchen, subrayando la diferencia entre la colaboración actual del PSOE con la justicia y el comportamiento del PP en el pasado, cuando se les acusa de encubrimiento y destrucción de pruebas en beneficio de su cúpula directiva.
Impacto electoral y percepción pública
En el seno del Gobierno se confía en que la gestión del caso, junto con decisiones como las disculpas públicas de Pedro Sánchez y la expulsión de figuras como Ábalos y Cerdán, limite el impacto electoral negativo. Mientras tanto, el presidente y su equipo se concentran ya en la próxima cita electoral: las elecciones autonómicas de Andalucía, previstas para el 17 de mayo.
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