Manuel Morocho, el inspector que destapó la ‘caja B’ del PP y sacudió la política española

Manuel Morocho: el inspector clave que destapó la ‘caja B’ del PP

El inspector de policía Manuel Morocho, identificado con el número 81.067, se ha consolidado como una figura central en la investigación de la corrupción política en España. Su trabajo fue determinante para las condenas en el conocido ‘caso Gürtel’ y para demostrar la existencia de una contabilidad paralela dentro del Partido Popular (PP), conocida como la ‘caja B’. Actualmente, Morocho continúa su labor en la investigación criminal como jefe de sección en una comisaría de Madrid, bajo dependencia judicial, aunque nunca ha recibido grandes ascensos ni destinos privilegiados tras sus investigaciones.

Un policía bajo presión

Manuel Morocho ha sufrido en primera persona las presiones y obstáculos dentro del propio cuerpo policial. Según ha relatado, durante la investigación del caso Gürtel recibió presiones e instrucciones de sus superiores para minimizar o eliminar las referencias al PP y sus dirigentes en los informes policiales. De hecho, nombres como el del expresidente Mariano Rajoy y las exministras Ana Mato y Dolores de Cospedal, así como el marido de esta última, fueron retirados de sus informes por indicación expresa de altos mandos policiales.

En el reciente juicio por la denominada operación Kitchen, Morocho ha sido una de las voces más relevantes. La operación, orquestada supuestamente por el Ministerio del Interior bajo el mandato de Rajoy, buscaba obtener información y sustraer documentación comprometedora sobre la financiación ilegal del PP, espiando al extesorero Luis Bárcenas y a su familia. Morocho, que lideraba el grupo 21 de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), ha explicado que Kitchen fue una trama creada para obstaculizar la investigación de Gürtel y proteger a los implicados.

Integridad frente a las tentaciones

A lo largo de su carrera, Morocho no solo ha tenido que soportar presiones y movimientos para apartarle del caso Gürtel, sino también ofertas de destinos bien remunerados, incluso la posibilidad de elegir embajadas, con el objetivo de sacarle de la investigación. Sin embargo, siempre rechazó estos intentos, argumentando su compromiso con la justicia, la Policía y la sociedad: “He prometido defender a la comunidad y cumplir los principios democráticos”, afirmó durante el juicio.

Este compromiso con la función pública le ha posicionado como un ejemplo de integridad dentro del cuerpo policial, a pesar de desenvolverse en un contexto de graves irregularidades y maniobras para proteger a responsables políticos.

Censura y autocensura en los informes policiales

Las presiones sobre el inspector Morocho no comenzaron con la llegada de Rajoy al Gobierno en 2011. Incluso desde la oposición, el PP arremetía contra la UDEF y los informes que detallaban las donaciones y sobresueldos en el partido. Según ha relatado, desde un principio se dieron órdenes de no incluir ciertos nombres en los informes, optando por avanzar en las investigaciones para desvelar quién se ocultaba tras iniciales como “M. Rajoy”.

A pesar de sus esfuerzos, Morocho tuvo que acatar instrucciones y practicar la autocensura en la redacción de informes. Esto supuso realizar modificaciones, eliminar elementos clave del cuerpo principal de los documentos y relegarlos a anexos, para evitar problemas con los superiores y las posibles consecuencias políticas.

Informes bloqueados y grupos desmantelados

Uno de los ejemplos más claros de las dificultades que enfrentó el inspector fue el retraso deliberado de informes clave. En el caso del informe sobre el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, relacionado con pagos de la trama Gürtel, Morocho explicó que el documento estuvo retenido durante un año antes de ser remitido a la Justicia. El comisario José Luis Olivera, entonces jefe de la UDEF y posteriormente ascendido al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), fue señalado como responsable de este retraso.

La resistencia de Morocho a las presiones le valió la etiqueta de “la bestia negra del PP” y fue objeto de investigaciones internas que no prosperaron. Además, fue trasladado temporalmente a la Dirección Adjunta Operativa, lo que incrementó su carga de trabajo y dificultó la labor investigadora del grupo 21 de la UDEF. Según Morocho, el grupo llegó a verse reducido de 11 miembros a solo unos pocos, sin que se repusieran las bajas, lo que mermó su capacidad de investigación.

Reconocimiento judicial y consecuencias políticas

En 2021, tras finalizar su etapa en la UDEF, Morocho fue destinado a Canfranc (Huesca), en Extranjería, sin que le ofrecieran un puesto acorde a su experiencia desde el Ministerio del Interior. A pesar de ello, siguió comisionado como policía judicial para terminar la investigación de Gürtel en la Audiencia Nacional.

Los informes elaborados por el grupo 21 de la UDEF bajo su dirección han sido fundamentales para las condenas de los implicados en la trama de corrupción del PP. Además, sirvieron de base para la sentencia que confirmó el pago de la sede del partido con dinero negro, y en 2024 el Tribunal Supremo certificó que el partido gestionó una caja B durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo.

Conclusión

La trayectoria de Manuel Morocho es un ejemplo de integridad y profesionalidad dentro de la policía española. Su labor ha sido crucial para destapar una de las mayores tramas de corrupción política en la historia reciente del país y para evidenciar los mecanismos de presión y encubrimiento que existen en el ámbito institucional. A pesar de las dificultades, ha mantenido su compromiso con la justicia y la sociedad, demostrando que la honestidad y la responsabilidad pública pueden prevalecer en los momentos más complejos.