Disminuye la financiación pública para el aborto de mujeres migrantes en Madrid desde 2018
La financiación pública destinada a garantizar el acceso al aborto para mujeres migrantes en la Comunidad de Madrid ha registrado una notable caída en los últimos años, según los datos más recientes. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una moción en todos los ayuntamientos de la región para exigir a la administración autonómica que asegure este derecho fundamental, especialmente para las mujeres más vulnerables.
- Disminuye la financiación pública para el aborto de mujeres migrantes en Madrid desde 2018
- Descenso de la financiación pública para mujeres extranjeras
- Barreras administrativas y acceso desigual
- Predominio del sector privado en la prestación del servicio
- Evolución de las tasas de IVE entre mujeres españolas y extranjeras
- Reclamo político para garantizar el derecho al aborto
- Contexto social y político
Descenso de la financiación pública para mujeres extranjeras
El último informe sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Madrid revela datos preocupantes. En 2018, el 76,3% de las interrupciones del embarazo contaron con financiación pública, cifra que alcanzaba el 80,1% entre mujeres españolas y el 72,8% en mujeres extranjeras. Sin embargo, en 2024, el porcentaje general ha descendido al 72,9%. La brecha es más evidente en el caso de las mujeres migrantes, donde la financiación se sitúa en el 65,9%, frente al 81,1% entre las españolas. Este descenso supone una merma significativa para las mujeres foráneas que residen en la región.
Barreras administrativas y acceso desigual
El grupo socialista en la Asamblea de Madrid denuncia que el Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha dificultado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres migrantes que no cuentan con tarjeta sanitaria. Este colectivo debe tramitar el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE), que exige una estancia mínima de noventa días en la Comunidad de Madrid. Este requisito, junto con otras barreras burocráticas, limita el acceso a la sanidad pública y puede forzar a las mujeres migrantes a recurrir a clínicas privadas, lo que supone un obstáculo económico y social importante.
De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse para todas las personas en España, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. No obstante, los hechos demuestran que, en la práctica, las mujeres migrantes encuentran mayores dificultades para ejercer este derecho en condiciones de igualdad.
Predominio del sector privado en la prestación del servicio
La externalización del servicio a clínicas privadas es una tendencia consolidada en la Comunidad de Madrid. Durante 2024, se realizaron 20.935 interrupciones voluntarias del embarazo en la región, pero solo 78 de ellas tuvieron lugar en hospitales públicos, lo que representa un escaso 0,37% del total. Las siete clínicas privadas autorizadas absorben prácticamente toda la demanda, mientras que la red pública apenas interviene en estos procedimientos.
Evolución de las tasas de IVE entre mujeres españolas y extranjeras
En la última década, la tasa de IVE entre mujeres españolas ha aumentado, pasando de 7,87 interrupciones por cada mil mujeres en 2015 a 9,76 en 2024. En cambio, la tasa entre mujeres nacidas en el extranjero ha descendido ligeramente, de 21,94 por mil en 2015 a 20,06 en 2024. Si bien las cifras absolutas siguen siendo superiores entre la población migrante, la tendencia refleja un descenso en la última década.
Reclamo político para garantizar el derecho al aborto
El PSOE ha anunciado la presentación de una moción en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para solicitar que se garantice la financiación pública de la interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de la nacionalidad, residencia o documentación de la mujer. La propuesta solicita, además, que el procedimiento se tramite con la suficiente agilidad para que la IVE pueda realizarse de forma precoz y dentro de las primeras 14 semanas de gestación, conforme a la normativa vigente.
Contexto social y político
La controversia se enmarca en un contexto de debate político sobre el acceso a los derechos reproductivos, especialmente tras la reciente aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una moción impulsada por Vox para reconocer el denominado «síndrome post aborto», una condición sobre la que no existe consenso ni evidencia científica. Desde el PSOE se acusa al Ejecutivo regional de obstaculizar deliberadamente el acceso al aborto para las mujeres migrantes y de mantener una política restrictiva que afecta principalmente a las más vulnerables.
- En 2024, solo el 0,37% de los abortos en Madrid se realizaron en hospitales públicos.
- La financiación pública para mujeres migrantes ha caído del 72,8% en 2018 al 65,9% en 2024.
- El acceso al aborto sigue siendo desigual para las mujeres extranjeras sin tarjeta sanitaria.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas públicas para garantizar el acceso igualitario a los derechos reproductivos en la Comunidad de Madrid, especialmente para las mujeres migrantes que, por su situación administrativa, se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad.
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