La Comunidad de Madrid solicita al Tribunal de Cuentas archivar la investigación sobre la compra del ático gubernamental
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal de Cuentas el archivo de la causa que investiga la adquisición de un ático situado en el paseo del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, defendiendo que dicha operación se ajusta “plenamente a la legalidad”. Esta petición se produce en respuesta al procedimiento abierto tras varias denuncias sobre una presunta adquisición irregular por parte de la empresa pública Planifica Madrid.
Contexto de la investigación
El Tribunal de Cuentas otorgó recientemente un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, a Planifica Madrid y a la propia Comunidad de Madrid para que se pronuncien sobre la conveniencia de designar un delegado instructor que investigue los hechos o, en su caso, acuerde el archivo de la acción pública. Las denuncias, acumuladas entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre, giran en torno a un supuesto desvío de fondos públicos que podría haber perjudicado tanto a la empresa pública como a la Comunidad de Madrid en el contexto de la compra del citado inmueble. Posteriormente, el 30 de septiembre se añadió una quinta denuncia relacionada con los mismos hechos.
Argumentos de la Comunidad de Madrid
Según las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de la Comunidad, la adquisición del ático fue realizada conforme a la legalidad vigente, a los estatutos y a las competencias de la empresa pública Planifica Madrid. Además, se destaca que la operación no supuso ningún deterioro económico para la empresa, motivo por el cual se solicita el archivo inmediato de las denuncias.
En su defensa, la Comunidad de Madrid subraya que la compra del inmueble se efectuó “dentro del objeto social” de Planifica Madrid, cuya misión es gestionar y adquirir patrimonio inmobiliario para ponerlo al servicio de las necesidades de la administración regional. Asimismo, se remarca que el consejero delegado de la empresa estaba expresamente autorizado para formalizar la compraventa y que el precio abonado se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la adquisición.
Destino y finalidad del inmueble
La Comunidad de Madrid insiste en que el ático fue adquirido como espacio de apoyo a las consejerías, con el objetivo de atender diversas necesidades institucionales. A este respecto, se formalizó un contrato de arrendamiento tras la compra, y se recalca que el inmueble “en ningún caso” fue adquirido como residencia oficial para la presidenta regional.
Finalmente, el Gobierno autonómico afirma que la operación perseguía incorporar “un activo patrimonial a Planifica Madrid”, garantizando la conservación del valor de la inversión y facilitando la cobertura de diferentes necesidades institucionales de la Comunidad de Madrid.
Próximos pasos
El Tribunal de Cuentas deberá decidir en los próximos días si procede el nombramiento de un delegado instructor para investigar la operación o si, en cambio, acepta la solicitud de archivo presentada por la Comunidad de Madrid y la empresa pública implicada.
Nota:
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