La UCO solicita información financiera del PSOE y PSC de 2024 y 2025 en el marco del ‘caso Leire’
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que reclame a la Agencia Tributaria y a diversas entidades bancarias la entrega de información tributaria y financiera relacionada con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) correspondiente a los años 2024 y 2025. Esta petición se enmarca dentro de la investigación del conocido como ‘caso Leire’, que involucra a destacados dirigentes y colaboradores del partido.
Investigación sobre una presunta trama de desestabilización
Según fuentes judiciales, la UCO persigue esclarecer el funcionamiento de una supuesta red que habría buscado influir en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE. La presunta trama estaría liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán, con la coordinación de la exmilitante Leire Díez, y habría contado con financiación directa del partido.
Entre los investigados también figura el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y su empresa Zaño Sociedad, así como los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Las pesquisas giran en torno a la posible utilización de recursos del partido y de diversas sociedades para financiar actividades destinadas a desestabilizar procesos judiciales.
Amplio requerimiento de información financiera
El oficio de la UCO, fechado el 1 de junio, abarca la solicitud de datos financieros de cerca de quince personas físicas y jurídicas. Entre ellas se incluyen empresas de comunicación, el medio digital Crónica Libre y varias sociedades vinculadas a los investigados, especialmente las relacionadas con el abogado Ismael Oliver.
La petición de la Guardia Civil es extensa e incluye información sobre cuentas bancarias, ingresos y gastos, rentas, inversiones, valores, seguros, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, propiedades en el extranjero, facturación, donaciones, fondos de pensiones, operaciones intracomunitarias, cajas de seguridad alquiladas, situación tributaria y declaraciones fiscales, entre otros aspectos.
- Información sobre cuentas corrientes y de ahorro del PSOE y del PSC
- Datos de más de 60 cuentas asociadas al abogado Ismael Oliver
- Movimientos bancarios de Gaspar Zarrías y Crónica Libre
- Relaciones comerciales con empresas del Grupo IKI
Foco en los pagos a medios de comunicación
Uno de los aspectos clave de la investigación es el supuesto pago de 20.000 euros por parte del PSOE al medio Crónica Libre, autorizado por Santos Cerdán. Según la UCO, este pago se habría realizado a través de una agencia intermediaria, presentándolo como parte de una campaña publicitaria en Cataluña durante las elecciones al Parlament de 2024.
El informe policial señala que se han detectado relaciones económicas entre Crónica Libre y la empresa IKI Group Communications por valor de 18.125 euros en 2024. Además, en un requerimiento previo al PSOE, la UCO identificó operaciones comerciales del partido con la sociedad IKI Media Solutions, lo que refuerza la necesidad de investigar los posibles vínculos económicos entre las partes.
Profundización en las relaciones comerciales
La UCO también ha solicitado al juez que las entidades del Grupo IKI informen sobre todas las relaciones comerciales mantenidas con el PSOE y el PSC en 2024 y 2025. Para ello, se ha pedido la entrega de contratos, facturas y justificantes de pago que permitan esclarecer el alcance y la naturaleza de estos vínculos.
El objetivo de estos requerimientos es determinar si existieron transferencias o relaciones económicas irregulares que pudieran estar relacionadas con la trama investigada y aportar claridad sobre el uso de fondos públicos o privados en las actividades bajo sospecha.
Próximos pasos en la investigación
Con estas nuevas solicitudes, la UCO pretende avanzar en el esclarecimiento de los hechos y profundizar en las operaciones económicas que puedan haber vinculado tanto al PSOE como al PSC con las personas y sociedades investigadas en el ‘caso Leire’.
El desarrollo de la investigación se mantiene bajo secreto de sumario, a la espera de la documentación que puedan aportar tanto la Agencia Tributaria como las entidades bancarias y las empresas requeridas por el juzgado.
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