La Justicia británica respalda la prohibición de Palestine Action promovida por el Gobierno
El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha fallado a favor del Gobierno británico en el caso que cuestionaba la legalidad de la prohibición impuesta al grupo propalestino Palestine Action. Esta decisión revoca un fallo anterior que había considerado ilegal la proscripción del colectivo, y confirma que la medida adoptada por el Ejecutivo es «justificada y proporcionada».
Contexto de la prohibición
En julio de 2025, el Gobierno laborista decidió incluir a Palestine Action en la lista de organizaciones prohibidas, alegando que las acciones del grupo, centradas en protestas para bloquear el suministro de armas a Israel, traspasaban los límites de la desobediencia civil. Entre las actividades señaladas por las autoridades se encontraban ocupaciones de instalaciones, daños a equipamiento militar y ataques contra empresas de defensa vinculadas a Israel.
La entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, impulsó la proscripción tras una serie de incidentes, incluyendo el vandalismo de aviones militares en la base de RAF Brize Norton y ataques contra instalaciones de la firma israelí Elbit Systems. Estos hechos provocaron daños materiales y enfrentamientos con personal de seguridad, con saldo de heridos.
Argumentos y decisión judicial
El Tribunal de Apelaciones, compuesto por cinco magistrados, reconoció que la prohibición supone una «interferencia» en la libertad de expresión, pero defendió que la medida es necesaria ante la naturaleza de las actividades del grupo. Según la sentencia, Palestine Action «promueve abiertamente la violencia ilegal» y actúa como una organización «encubierta», estructurada en células secretas para eludir la detección y la acción judicial. Los jueces subrayaron que esto la diferencia de otros movimientos de protesta pacífica o desobediencia civil.
La resolución judicial admite que el veto puede tener un «efecto disuasorio» sobre las protestas, pero sostiene que este efecto está justificado dada la gravedad de las acciones atribuidas a los miembros de la organización.
Consecuencias legales y respuesta del grupo
La proscripción de Palestine Action contempla penas de hasta catorce años de prisión para quienes formen parte o colaboren con la entidad. Desde la entrada en vigor de la prohibición, cerca de 3.000 personas han sido detenidas, incluidas personas mayores y con discapacidad, por mostrar pancartas en apoyo al grupo.
Recientemente, cuatro miembros de Palestine Action fueron condenados a penas de entre cinco y ocho años de prisión tras atacar la sede de Elbit Systems en Bristol en agosto de 2024.
Durante el proceso judicial, los abogados de la cofundadora Huda Ammori —quien lideró la impugnación de la prohibición— argumentaron que la decisión del Gobierno vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho al disenso político en el Reino Unido. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Apelaciones da prioridad a las consideraciones de seguridad y orden público.
Próximos pasos legales
Palestine Action tiene la opción de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo británico, aunque deberá solicitar previamente autorización y presentar nuevos fundamentos legales para que su apelación sea admitida.
- El fallo confirma la legalidad de la proscripción de Palestine Action.
- El Gobierno argumenta que el grupo sobrepasó los límites de la protesta pacífica.
- Cerca de 3.000 personas han sido arrestadas desde la entrada en vigor de la prohibición.
- La organización aún puede recurrir la decisión ante instancias superiores.
Nota:
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