La UCO señala a la expresidenta de ADIF en la trama de las mascarillas
Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el foco de las investigaciones a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, por su supuesta implicación en irregularidades relacionadas con la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El documento, al que ha tenido acceso el juzgado dirigido por el magistrado Ismael Moreno, responde a la solicitud de información sobre los registros realizados en dos domicilios de Pardo de Vera.
Eliminación de información en dispositivos incautados
Según detalla la UCO, en el marco de la investigación se han recopilado nueve evidencias digitales y tres documentales. No obstante, los agentes advierten que parte de la información almacenada en los dispositivos electrónicos incautados habría sido eliminada, coincidiendo con el periodo de los hechos investigados. Esta circunstancia ha obligado a los investigadores a analizar también los terminales de otros implicados en la causa para tratar de reconstruir los hechos.
Nuevas comunicaciones y contratos bajo sospecha
El informe revela la existencia de nuevas comunicaciones que amplían la presunta relación de Pardo de Vera con la empresa Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos para el suministro de material sanitario durante la pandemia. Esta mercantil, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, resultó beneficiaria en 2020 de ocho contratos tramitados bajo el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, por un valor total de 12.500.000 euros.
- La contratación se realizó en el contexto de urgencia sanitaria derivada de la COVID-19.
- Los contratos permitieron la adquisición rápida de mascarillas y otros materiales de protección.
- El procedimiento utilizado evitó la publicación y competencia habitual en la adjudicación.
Antecedentes en la investigación
Hasta el momento, Isabel Pardo de Vera estaba siendo investigada por la presunta contratación irregular de la expareja del exministro José Luis Ábalos, así como por su posible implicación en el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. La aparición de estas nuevas evidencias refuerza las sospechas sobre su papel en la gestión de contratos durante la pandemia.
Las investigaciones continúan en curso y se prevé que en los próximos días se amplíe la información sobre este caso, que ha puesto nuevamente en el centro del debate la transparencia en la contratación pública en situaciones de emergencia.
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