La Fiscalía rebaja de seis a cinco años la petición de prisión para Ignacio González por corrupción
La Fiscalía ha reducido de seis a cinco años la petición de prisión para Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en el marco de su primer juicio por el caso Lezo. Esta decisión se debe a la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas durante el proceso judicial.
Petición de una sentencia ejemplar
Durante la vista celebrada en la Audiencia Nacional, la fiscal anticorrupción ha solicitado una “sentencia ejemplar” para González, subrayando el impacto negativo que tienen los casos de corrupción sobre la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Según la Fiscalía, “este tipo de casos socavan la arquitectura del Estado democrático de derecho y quiebran la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.
Los hechos juzgados
Ignacio González, quien ya estuvo seis meses en prisión provisional tras su detención en 2017, está acusado de dos delitos de cohecho relacionados con adjudicaciones presuntamente irregulares realizadas por Canal de Isabel II en 2004 y 2006. En ese periodo, González ejercía como vicepresidente del Gobierno autonómico y presidía el ente público, bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Las adjudicaciones habrían beneficiado a su hermano y a su cuñado.
La fiscal también ha rebajado la petición de prisión a cinco años para otros implicados: Pablo González y José Juan C.E., hermano y cuñado de Ignacio González, respectivamente; José Antonio C.M., socio de ambos en una de las empresas beneficiadas; e Ildefonso de Miguel, quien era gerente de Canal de Isabel II en aquel entonces.
Detalles de las adjudicaciones investigadas
El juicio analiza supuestas irregularidades en la concesión de obras para un campo de golf ubicado en terrenos de Canal de Isabel II en la avenida de Filipinas, Madrid, así como en la adjudicación de un contrato para la gestión de la instalación deportiva.
Según el relato de la fiscal anticorrupción, en 2003 Canal de Isabel II convocó un concurso público para remodelar el depósito de agua de la avenida de Filipinas, incluyendo la creación de jardines, un campo de fútbol y un helipuerto. La adjudicación, valorada en más de 40 millones de euros, recayó en la empresa Dragados.
- En 2004, Ignacio González e Ildefonso de Miguel habrían impulsado una modificación del proyecto, eliminando el helipuerto y el ajardinamiento, e incorporando un campo de golf con césped artificial.
- Esta modificación fue adjudicada directamente a Dragados, bajo la condición de subcontratar a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT), empresa cuyos socios eran José Antonio C.M., Pablo G.G. y José Juan C.E., los dos últimos familiares directos de González.
- La fiscal sostiene que estos familiares ocultaban su relación con TCT a través de personas interpuestas para disimular los vínculos familiares.
En 2006, Canal de Isabel II convocó un nuevo concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas, que fue adjudicado a una unión temporal de empresas liderada por TCT y valorado en 3,25 millones de euros con un plazo de ejecución de cinco años.
Reparto de fondos públicos
Según la investigación de la Fiscalía, los socios de TCT se habrían repartido cerca de medio millón de euros de fondos públicos por servicios que no se realizaron. El Ministerio Público sostiene que la contratación de TCT fue innecesaria y que los acusados recurrieron a facturación ficticia para recibir el dinero.
El juicio continúa su curso en la Audiencia Nacional, mientras la Fiscalía insiste en la necesidad de dictar una condena ejemplarizante para restaurar la confianza en las instituciones y combatir la corrupción en el ámbito público.
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