La Fiscalía recurre la retirada de pasaporte a Begoña Gómez y acusa al juez Peinado de falta de justificación
La Fiscalía ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar los pasaportes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asistente, Cristina Álvarez. El Ministerio Fiscal califica la medida de «innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada y contraria a los fines propios de la ley».
Críticas contundentes a la decisión judicial
El fiscal José Manuel San Baldomero, en un escrito dirigido al tribunal, cuestiona duramente la decisión del juez Peinado, señalando que, en el caso de la asistente de Gómez, la resolución resulta especialmente injusta. La Fiscalía destaca que la imposición de estas medidas cautelares carece de una argumentación sólida y se aparta de los criterios habituales en derecho.
El pasado 20 de junio, el juez Peinado remitió a juicio con jurado a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Asimismo, el empresario Juan Carlos Barrabés será juzgado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.
Medidas cautelares cuestionadas
En el auto, el magistrado estableció como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecencia quincenal en el juzgado. Sin embargo, la decisión generó controversia no solo por la severidad de las restricciones, sino también por la argumentación utilizada, que llegó a insinuar una posible colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad en una eventual fuga de la esposa del presidente.
La Fiscalía considera que tales planteamientos carecen de lógica y racionalidad, y que no es razonable cuestionar el papel de las fuerzas de seguridad en un Estado de Derecho. El fiscal señala que la hipótesis de una confabulación para facilitar la fuga no está justificada con pruebas ni argumentos sólidos en la resolución judicial.
Ausencia de riesgo de fuga
El Ministerio Fiscal descarta que exista un riesgo real de fuga, como argumentó el juez. Según el recurso, la decisión se basa únicamente en los delitos imputados y las penas asociadas, sin analizar las circunstancias personales de las acusadas de manera individualizada.
- No tienen antecedentes penales ni detenciones policiales previas.
- Poseen nacionalidad española y arraigo en territorio nacional.
- Desarrollan su actividad profesional en España.
- Mantienen vínculos familiares y personales dentro del país.
- No existen nexos con terceros países ni bienes en el extranjero que faciliten una supuesta huida.
Desde la perspectiva de la Fiscalía, todos estos factores deberían haber sido valorados de forma positiva para las investigadas, restando fundamento al riesgo de fuga esgrimido por el juez Peinado.
Situación de Cristina Álvarez: aún menos justificada
Especial mención realiza el fiscal a la situación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez. Considera que la atribución de responsabilidad penal hacia ella es inconsistente y que las medidas cautelares impuestas resultan aún menos justificadas, dada la debilidad de su imputación y la ausencia de un análisis individualizado de su situación.
El fiscal subraya que no se ha evaluado adecuadamente ni la capacidad económica, ni los recursos, ni las posibilidades reales de fuga de Cristina Álvarez, lo que hace inconcebible la equiparación de su caso con el de la principal investigada.
Próximos pasos en el proceso judicial
La Audiencia Provincial de Madrid deberá ahora valorar el recurso de la Fiscalía y decidir si mantiene, modifica o revoca las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y Cristina Álvarez. El caso se mantiene bajo la atención mediática y política, dada la relevancia de los implicados y la gravedad de las acusaciones.
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