La Fiscalía reduce la petición de cárcel para el alcalde de Estepona a un año y 11 meses
La Fiscalía ha rebajado considerablemente la solicitud de condena para el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, del Partido Popular, quien se enfrenta a cargos de prevaricación y malversación por la contratación como personal eventual del Ayuntamiento de una mujer con la que mantenía una relación sentimental.
Nueva petición tras la devolución del dinero
En la última petición fiscal, se solicita para García Urbano una pena de un año y once meses de prisión, así como la inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público durante cinco años y once meses. Esta solicitud representa una notable reducción respecto a la inicialmente planteada en enero, cuando la Fiscalía solicitaba cinco años y medio de prisión y diez de inhabilitación.
La rebaja responde, en parte, a que el procedimiento pasará a ser juzgado por un tribunal profesional tras prosperar el recurso del alcalde, quien logró evitar el juicio con jurado popular. Además, la Fiscalía ha tenido en cuenta que, una vez iniciado el proceso, el regidor saldó los gastos derivados de la relación contractual considerada indebida. En noviembre de 2025, García Urbano ingresó en la Tesorería Municipal 5.276,92 euros, equivalentes al salario neto recibido por la acusada en febrero y marzo de 2023. Posteriormente, en junio del año siguiente, abonó otros 2.589,97 euros correspondientes a cotizaciones a la Seguridad Social.
Detalles de la acusación
Según la Fiscalía, el alcalde contrató a la mujer —identificada con las iniciales C.P.B.— siendo consciente de que no desempeñaría ninguna actividad laboral efectiva. Durante el periodo de contratación, la mujer habría percibido dos nóminas, de 1.634 y 3.642 euros respectivamente, en los meses de febrero y marzo de 2023.
La Fiscalía considera que García Urbano incurrió en un delito de prevaricación cometido por autoridad, en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos. Para C.P.B., la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de prisión como autora de ambos delitos.
Argumentos de la defensa
La defensa del alcalde ha anunciado que presentará recurso al entender que no existen indicios delictivos que justifiquen la continuación del proceso, argumentando que la contratación se ajustó a la normativa para cargos de confianza durante un periodo de 46 días. Además, destacan que existen informes del departamento de Recursos Humanos que acreditan las funciones del puesto y testimonios que prueban la asistencia y el trabajo realizado por la persona contratada.
Desde la representación legal se sostiene que la causa tiene origen en una declaración falsa de la acusada, realizada como testigo en otro procedimiento judicial contra el alcalde, que fue archivado por la Audiencia Provincial de Málaga al demostrarse la falsedad de las acusaciones y el presunto intento de desprestigio público hacia el regidor.
La defensa enmarca este procedimiento en lo que consideran una estrategia de desgaste político y personal destinada a perjudicar la imagen pública de García Urbano.
Postura de la acusación popular
Por parte de la acusación popular, ejercida por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, se solicita la apertura de juicio oral y la condena a cinco años y seis meses de prisión, además de diez años de inhabilitación para el alcalde.
El caso sigue su curso en los tribunales, a la espera de que se resuelva el recurso de la defensa y se determine finalmente la fecha para el posible juicio.
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