La Fiscalía solicita amnistía para los CDR procesados por terrorismo tras el aval del TJUE
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado el sobreseimiento libre del procedimiento contra los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), investigados por delitos de terrorismo, en aplicación de la reciente ley de amnistía. Esta petición se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) diera su respaldo a la normativa española, según han confirmado fuentes jurídicas.
Contexto judicial y decisión del TJUE
El caso de los CDR estaba en suspenso desde 2024, a la espera de que la justicia europea se pronunciara sobre la compatibilidad de la amnistía con la normativa comunitaria, en particular con la directiva europea antiterrorista. La Audiencia Nacional remitió una cuestión prejudicial al TJUE para aclarar si la aplicación de la amnistía vulneraba el Derecho de la Unión Europea.
El TJUE dictaminó que el indulto no contraviene la directiva antiterrorista europea, siempre que la amnistía excluya los delitos relacionados con el terrorismo que hayan causado graves perjuicios o supongan violaciones graves de los derechos humanos. De este modo, la corte europea dejó en manos de la Audiencia Nacional la valoración final sobre si el caso de los CDR debía quedar excluido de la amnistía.
Postura de las partes implicadas
Tras conocerse el fallo europeo, los abogados de cinco de los doce procesados solicitaron formalmente la aplicación de la amnistía, recordando que, según la propia Audiencia Nacional, de las acusaciones presentadas no se desprendía ningún daño a la vida, la integridad física o psíquica de personas, ni la existencia de víctimas o daños materiales.
En la vista de previo pronunciamiento, celebrada antes de la consulta al TJUE, la Fiscalía, que en un primer momento había solicitado penas de entre ocho y 27 años de prisión, mostró su apoyo a la amnistía, al igual que las defensas. Sin embargo, la acusación popular, ejercida por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), representada por Fuster-Fabra Abogados, se opuso alegando que la ley no era aplicable en este caso.
Los hechos investigados
Los doce miembros de los CDR fueron procesados por presuntamente integrar una facción radicalizada denominada Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que habría planeado acciones violentas y sabotajes en edificios oficiales de Cataluña, coincidiendo con el aniversario del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2019.
La investigación, liderada por el ya jubilado magistrado Manuel García Castellón, sostenía que los acusados formaban parte de una “organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable”, cuyo objetivo era ejecutar atentados contra objetivos seleccionados, empleando explosivos y sustancias incendiarias fabricadas en laboratorios clandestinos.
- Participación en cortes de carretera.
- Creación de centros de coordinación (CECOR).
- Supuesto encargo de un denominado “CNI catalán” para facilitar infraestructura logística en una acción dirigida a ocupar y defender el Parlament de Catalunya.
Próximos pasos judiciales
Una vez recibidos los escritos de alegaciones de las partes, la Audiencia Nacional deberá resolver si procede o no la amnistía para los CDR procesados. La decisión final dependerá de la valoración judicial sobre la posible existencia de violaciones graves de derechos humanos en los hechos investigados.
Este caso constituye uno de los procedimientos más relevantes en torno a la aplicación de la ley de amnistía tras el visto bueno del TJUE, y su resolución marcará un precedente para futuros procesos relacionados con el independentismo catalán.
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