La Fiscalía solicita dos años y medio de inhabilitación para la alcaldesa de Alcalá de Henares por presunta revelación de secretos
La Fiscalía de Área de Alcalá de Henares ha solicitado una pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público para la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, acusada de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. El caso está relacionado con la difusión de un informe policial sobre dos denuncias por agresiones sexuales vinculadas a migrantes alojados en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) de la localidad.
Detalles de la acusación
El Ministerio Público presentó el escrito el pasado 16 de septiembre, solicitando la apertura de juicio oral contra la alcaldesa y también contra el director de Comunicación del Ayuntamiento. Además de la inhabilitación, la Fiscalía reclama una multa de 16 meses, con una cuota diaria de 15 euros, lo que asciende a un total de 7.200 euros para cada uno de los acusados.
Ambos están señalados como autores directos de los hechos y la acusación llega después de que, en julio, el juez instructor del caso dictara un auto proponiendo juzgarles por el presunto delito de revelación de secretos. En este procedimiento, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha personado como acusación popular.
Antecedentes de los hechos
Los hechos se remontan al 17 de enero de 2024, cuando, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hizo referencia a investigaciones sobre varias agresiones sexuales supuestamente cometidas por migrantes del CAED. Estas afirmaciones fueron posteriormente desmentidas por la Delegación del Gobierno.
Según el escrito de la Fiscalía, ese mismo día, a las 14:17 horas, Judith Piquet contactó con el jefe de la Policía Local para recabar información sobre las agresiones sexuales mencionadas y, en particular, sobre una incidencia ocurrida el 11 de diciembre de 2023. La alcaldesa solicitó que la documentación relacionada se presentara en la Junta Local de Seguridad, programada para esa tarde.
A las 16:50 horas, el jefe de la Policía Local acudió a la Alcaldía para asistir a la Junta y, a petición de la alcaldesa, le entregó el informe policial correspondiente a la incidencia número 19966/23. La Fiscalía sostiene que Piquet fotografió el documento y, al incorporarse el director de Comunicación, le mostró la imagen y comentó: «¿Ves?, hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa, hay que trasladar esto a Madrid».
Difusión del informe policial
El escrito de acusación indica que ambos acusados, actuando de común acuerdo, remitieron la fotografía del informe policial al secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, con la intención de apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y siendo conscientes del carácter reservado del documento.
Al día siguiente, 18 de enero de 2024, Serrano publicó la imagen del informe policial en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter). La Fiscalía detalla que se realizaron dos publicaciones: la primera a las 09:58 horas, con 15.300 reproducciones, y la segunda a las 11:18 horas, que alcanzó las 56.300 visualizaciones.
Consecuencias legales y proceso judicial
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de descubrimiento y revelación de secretos, según el artículo 417.1 del Código Penal, y no aprecia circunstancias que modifiquen la responsabilidad criminal de los acusados.
El escrito fiscal se presenta después de que el juez instructor acordara en julio continuar el procedimiento por el trámite abreviado y propusiera juzgar a Judith Piquet por la presunta filtración del informe policial. Según la resolución judicial, la fotografía del documento habría sido enviada a Alfonso Serrano entre la tarde del 17 de enero y las 09:58 horas del día siguiente, coincidiendo con su publicación en la red social X.
- La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares.
- Como pruebas, se plantea el interrogatorio de los dos acusados, la declaración de agentes de la Policía Local y de Alfonso Serrano, además de diversa documentación anexa a las diligencias.
El proceso continúa su curso judicial, y está por determinarse la responsabilidad definitiva de la alcaldesa y del director de Comunicación respecto a la presunta revelación de secretos.
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