La Fiscalía solicita 18 años de inhabilitación para el exalcalde de Cádiz, Kichi
La Fiscalía ha solicitado una pena de 18 años de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo electivo contra José María González, conocido como Kichi, exalcalde de Cádiz. La petición se fundamenta en la acusación de dos delitos continuados: revelación de secretos y prevaricación, vinculados al desempeño de un asesor de su partido en el Ayuntamiento.
Detalles de la acusación y penas solicitadas
En el escrito remitido al juzgado, la Fiscalía desglosa la sanción en tres años de inhabilitación y una multa de 18 meses, con una cuota diaria de 20 euros (totalizando 10.800 euros), por el delito continuado de revelación de secretos. Además, solicita quince años de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación.
La petición de penas similares se extiende a otros miembros del equipo de gobierno municipal en aquel periodo:
- David Navarro González Santos, entonces concejal del Área de Personal
- José Vicente Barcia Magaz, jefe de Gabinete de Alcaldía
- José Ramón Páez Pareja, asesor de Alcaldía
- Laura Jiménez Ortega, concejala delegada del Servicio de Turismo
Implicación de Fernando García Acuña
Para Fernando García Acuña, quien fuera asesor de Por Cádiz Sí Se Puede —el partido con el que Kichi revalidó la alcaldía—, la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, por delito continuado de prevaricación. García Acuña desempeñó funciones como asesor entre abril de 2018 y abril de 2019, accediendo posteriormente a una plaza como técnico de la administración general en el Ayuntamiento.
Origen de la investigación y contexto
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el sindicato CCOO. El exalcalde Kichi, que tras terminar su segundo mandato regresó a la docencia, ha relacionado el caso con lo que describe como «lawfare a la gaditana», recordando que durante sus ocho años al frente del municipio afrontó 17 denuncias, todas ellas archivadas hasta la fecha.
Relato de los hechos según la Fiscalía
Según el escrito de acusación provisional, en 2018 el equipo de gobierno municipal ya había cubierto el cupo de asesores permitido, por lo que ideó un plan para incorporar a García Acuña como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede. De acuerdo con la Fiscalía, «con conocimiento de su ilegalidad, fingieron que sería personal de confianza» para asignarle funciones que, en realidad, solo podrían haberse desempeñado a través de procesos de acceso público a la función pública, respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
El fiscal sostiene que, por orden directa de los acusados, García Acuña accedió de manera continuada a información reservada, principalmente relacionada con el área de contratación municipal. Además, se le asignó un despacho compartido con otros empleados municipales, lo que generó la apariencia de que formaba parte del personal eventual del equipo de gobierno.
Acceso a información y toma de decisiones
Durante su periodo como asesor, García Acuña recibió documentación sobre licitaciones, contratos y convenios en fase de preparación, e impartió instrucciones a los funcionarios municipales. Según la Fiscalía, estas instrucciones, así como las modificaciones sobre expedientes, tenían carácter preceptivo y debían ser acatadas por el personal del Ayuntamiento, contando con el respaldo del equipo de gobierno.
La labor de García Acuña, en calidad de experto en licitaciones públicas, no se limitó al área de contratación del Consistorio, sino que se extendió a otras áreas y a la interlocución con terceros, actuando como representante municipal ante diversas entidades.
Próximos pasos
El caso se encuentra en fase de instrucción y pendiente de juicio. La petición de la Fiscalía supone la mayor solicitud de inhabilitación para cargos públicos en la historia reciente del Ayuntamiento de Cádiz, y podría tener consecuencias relevantes para los implicados y el futuro político local.
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